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En Colombia, el fenómeno de los homicidios continúa generando preocupación entre las autoridades y la sociedad. De acuerdo con cifras publicadas por la Policía y difundidas por el diario El Tiempo, hasta noviembre pasado se contabilizaron 12.484 homicidios en todo el país, lo que refleja un promedio alarmante de 37 muertes violentas cada día—es decir, al menos tres asesinatos cada dos horas. La situación se agrava con episodios como el vivido la noche del 24 de diciembre, cuando se registraron 48 homicidios en una sola jornada.
El balance de fin de año de la Policía apunta a un incremento del 2 % en los homicidios respecto al mismo periodo de 2024, sumándose 232 víctimas adicionales y proyectando que 2025 podría convertirse en el año más violento durante la presidencia de Gustavo Petro. Estos datos ponen en entredicho los discursos oficiales que sostienen que el conflicto nacional va en descenso.
Casos de alto perfil han sacudido a la opinión pública, como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acribillado durante una actividad política en Bogotá, y el homicidio reciente del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Estos hechos se suman a un contexto generalizado de violencia que el Centro de Paz y Seguridad Externadista registró en un informe reciente.
Según el estudio de dicho centro, entre los primeros tres años de Gobierno de Gustavo Petro se han reportado 40.663 homicidios—cifra que supera en 2.862 casos el trienio previo de Iván Duque, equivalente a un aumento del 7,59 %. El documento destaca que el periodo más crítico se vivió entre agosto de 2024 y agosto de 2025, cuando ocurrieron 13.817 homicidios, llegando a un asesinato cada 39 minutos. Este dato constituye el registro más alto desde 2014 y refleja la persistencia de altos niveles de violencia letal.
A pesar de que desde el poder ejecutivo se insiste en la idea de un descenso en el conflicto, el informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista advierte que la violencia homicida permanece elevada y en crecimiento, especialmente en algunas regiones. Esto obedece, según los analistas, a dinámicas locales específicas cuyo abordaje requiere estrategias diferenciadas y focalizadas.
La distribución de los homicidios evidencia importantes contrastes regionales. Diecinueve departamentos experimentaron aumentos, destacándose Bolívar (870 homicidios más, un incremento del 72,7 %), Magdalena (811 con una variación del 95 %), Atlántico (803), Santander (530), Cesar (425) y Huila (312). El informe de la Universidad Externado atribuye estos incrementos a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (AGC), disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas urbanas y choques con la fuerza pública.
No obstante, se observan descensos en trece departamentos, sobresaliendo Antioquia (con 1.407 asesinatos menos), Nariño (508 menos) y Córdoba (230 menos). Si bien esto muestra cierta dispersión del fenómeno, la violencia continúa siendo una realidad preocupante.
Las estadísticas de la Policía también muestran que en la Nochebuena se reportaron 5.146 casos de lesiones personales, aunque esta cifra es inferior en 1.413 hechos respecto a 2024. Sin embargo, el promedio diario sigue siendo elevado: al menos siete personas fallecen cada día como resultado de riñas.
La inseguridad también se refleja en otros delitos, como el secuestro. Mientras que entre enero y noviembre de 2024 se documentaron 283 casos, en el mismo periodo del año siguiente la cifra ascendió a 559, lo que constituye un aumento del 98 %.
¿Cómo afectan estas cifras de homicidio y violencia al panorama social de las regiones más impactadas?
Esta pregunta surge ante la evidencia de que la violencia letal no se distribuye de manera uniforme en el territorio colombiano. Departamentos como Bolívar, Magdalena, Atlántico y otros presentan crecimientos sustanciales en los índices de homicidios, mientras que en zonas como Antioquia o Nariño, las cifras muestran descensos. Esto revela la necesidad de analizar los efectos sociales y comunitarios diferenciados en cada contexto.
Comprender cómo incide la persistente violencia en la vida cotidiana, el tejido social y la percepción de seguridad en las regiones más afectadas resulta clave para el diseño e implementación de políticas públicas eficaces. Además, permite visualizar los desafíos particulares que enfrentan las poblaciones locales y las estrategias que podrían emplearse para fortalecer la convivencia y reducir los efectos negativos de este fenómeno.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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