Las ganas de parrandear en diciembre terminaron por destapar un extraño entramado judicial en el que un cabecilla del crimen organizado en Antioquia se hizo pasar como indígena para que lo trasladaran de una cárcel de Medellín a un resguardo en Caquetá.
Se trata de Hugo Gómez, alias “don Hugo”, cabecilla del Clan Oriente, con antecedentes por concierto para delinquir, tráfico de armas y drogas, y con orden de captura vigente por el asesinado de un líder comunitario.
La trama comenzó a desenredarse con la muerte de Joaquín Jaramillo López, de 63 años. Era fiscal de la junta de acción comunal de la vereda Piedras Blancas, en Sonsón, Antioquia. Un grupo de sicarios llegó a su casa el 18 de marzo de 2019, en la misma vereda, y lo sacó a la fuerza para dispararle en la calle.
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La Fiscalía determinó que el crimen fue perpetrado por el Clan Oriente, una estructura creada en 2010 por exparamilitares y narcos del bloque Magdalena Medio de las AUC.
Se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsiones, tráfico de armas y desplazamiento forzado. Tiene tentáculos en Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Sonsón, Argelia, Nariño, Cocorná, El Carmen de Viboral y La Unión, dominando un corredor que conecta a las subregiones del Oriente y Magdalena Medio antioqueño. También cuenta con células en los departamentos de Caldas y Santander.
Los agentes interrogaron a varios exintegrantes de ese grupo, quienes declararon en contra de su jefe. “Hugo Gómez era quien daba la orden de vender droga, amenazar y cometer homicidios, nada se hacía sin su autorización”, dijo uno de ellos.
Las mismas fuentes señalaron que el cabecilla estaba preso en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, pero cuando la Policía fue a preguntar por él se encontró con una sorpresa: lo habían trasladado a un resguardo indígena. El asombro fue mayor cuando se enteraron que la comunidad lo vio en diciembre de 2022, celebrando el Año Nuevo en Puerto Triunfo.
¿El “indio” Gómez?
“Don Hugo” fue capturado el 2 de diciembre de 2019 en una finca de Sonsón y remitido a una celda en El Pedregal, por ser el cabecilla de la banda. Cuatro meses después hizo un preacuerdo con la justicia y aceptó los cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de estupefacientes y tráfico de armas. El Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó a seis años.
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De acuerdo con el expediente, conocido por EL COLOMBIANO, el 14 de octubre de 2022 fue enviada una carta al Juzgado 8° de Ejecución de Penas de Medellín. La firmaba Ronaldo Matías Hernández, gobernador del resguardo indígena Ismuina, ubicado en Solano (Caquetá). El remitente pidió trasladar a “don Hugo”, argumentando que estaba registrado en el censo de su comunidad e invocando sentencias de la Corte Constitucional que validan la autonomía de los pueblos aborígenes.
Como evidencia aportó una constancia del Ministerio del Interior, según la cual en el Sistema de Información Indígena de Colombia (Siic) aparece que Hugo Gómez está incluido “en el auto-censo sistematizado y aportado por la comunidad Ismuina en 2022”. El documento está signado por Elkin Vallejo, coordinador del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas.
“El indígena Hugo Gómez hace parte de esta comunidad desde su niñez, y ha venido siendo orientado conforme a nuestros usos y costumbres, habla nuestra lengua y practica rituales de sanación y limpieza espiritual. Permaneció en el territorio sin que jamás se haya sancionado por destierro o abandono (…).
El comunero sí tiene su arraigo cultural en el cabildo Ismuina, es reconocido por todos sus miembros y es aceptado para que continúe purgando su sanción dentro de su comunidad”, recalcó el gobernador Ronaldo Matías en su misiva.
Como el juzgado manifestó dudas, el líder envió otra carta el 4 de noviembre de 2022, en la que amplió su petición: “Me permito certificar que el indígena Hugo Gómez hace parte de esta comunidad desde su niñez, exactamente desde 1990, fecha en que se comenzó a llevar un registro interno serio y exacto sobre la población”.
Esta información contrasta con la base de datos de la Registraduría, donde aparece que es un paisa nacido en Sonsón el 6 de agosto de 1973, y no un indígena de Caquetá. Agregó que entre 2015 y 2019 Gómez trabajó como fabricante y vendedor de artesanías. Ahí, al parecer el gobernador no tuvo en cuenta que fue el propio “don Hugo” quien, en la sentencia por concierto para delinquir, aceptó que era jefe de la banda para que le rebajaran la pena con el preacuerdo, y que en ese tiempo estuvo delinquiendo.
A pesar de las aparentes inconsistencias, y a que tenía una orden de captura pendiente por el homicidio del líder social Joaquín Jaramillo, el Juzgado 8° de Ejecución de Penas de Medellín ordenó su traslado al resguardo Ismuina, en Solano, mediante el Interlocutorio N°2885 del 1 de diciembre de 2022.
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Se suponía que allá estaría albergado en un Centro de Armonización y Justicia fabricado en tablas, con custodia de la guardia indígena; pero a los pocos días fue visto por varias personas de parranda en Puerto Triunfo. Según las pesquisas de la Fiscalía, luego de la salida de “don Hugo” de El Pedregal, el Clan Oriente formó una alianza con el narcotraficante Clan del Golfo para administrar sus negocios en el Oriente lejano de Antioquia.
Uno de los agentes que le sigue la pista acotó que “al parecer se mantiene con sus hombres en un sector conocido como Alto del Pollo, a 10 minutos de distancia de Doradal, manejando sus negocios”.
Su banda intensificó las extorsiones, provocando incluso un paro armado en los municipios de Argelia y Nariño, a mediados de febrero.
Tras un consejo de seguridad, la Policía y el Ejército prometieron desmantelar a esa organización. Establecer el paradero de “don Hugo” es ahora una prioridad, esté donde esté.
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