Por ende, los perjudicados son los propietarios de las viviendas que, inocentes, quedan sin sus predios gracias a que el Estado se queda con ellos a través de la Ley de Extinción de Dominio.

Así lo narró al programa ‘Séptimo Día’, del Canal Caracol, la señora Rosalba Gualteros, de 70 años de edad, que fue víctima en Bogotá de Fernando Méndez Marín y su esposa Eliana Andrea Vargas, a quienes les rentó su casa por unos años y luego la perdió por el accionar delictivo de ellos.

Según cuenta doña Rosalba, en 2012 esta pareja fue a ver su casa y les encantó. Para rentarles el inmueble, les pidió un fiador con finca raíz, con certificado, fotocopia de la cédula, papeles del carro; sin embargo, cometió el error de no pedirles antecedentes judiciales.

En agosto de ese mismo año se pasaron a vivir a la casa, pagaban a tiempo el arriendo, eran educados y excelentes, personas. Todo iba bien, incluso doña Rosalba visitaba la casa para corroborar que todo estuviera en orden, hasta que se llevó una sorpresa en septiembre de 2014.

El 14 de septiembre de ese año la llamaron temprano para avisarle que su casa la estaban tumbando. Le dijeron que había un allanamiento porque encontraron algo en su vivienda.

Al llegar al predio, cuenta, la recibieron funcionarios de la Fiscalía y le explicaron que esta pareja (sus inquilinos) vendían droga. Las autoridades encontraron en la casa 10 celulares, más de 3 millones de pesos en efectivo y un revolver.

Según ‘Séptimo Día’, este delito es conocido como menudeo que también evidenciaba la venta de estupefacientes por parte de Fernando Méndez y Eliana Vargas.

Pese a que doña Rosalba era inocente y los delitos cometidos por las personas a las que les arrendó no eran su responsabilidad, ella resultó siendo la principal víctima y el 30 de mayo de 2018 (4 años después) le hicieron extinción de dominio de su casa.

Ese programa atribuye el accionar de las autoridades a los delitos de sus inquilinos. “Lo único que me dijeron fue: ‘deme las llaves, su casa queda en extinción de dominio. Usted no puede ni entrar si quiera’”, describió doña Rosalba.

La Ley 1708 de 2014 castigó a la dueña de la casa y le quitó la casa, sin comprobar si era culpable de los hechos. Actualmente, doña Rosalba cursa un proceso para demostrar su inocencia ante la Fiscalía. Sus inquilinos están libres y, tal vez, haciendo de las suyas.

Esta es la historia que publicó Séptimo Día este domingo: