Sucedió en una audiencia en el Consejo de Estado, donde se analizó una demanda interpuesta contra Gustavo Petro por llamar a la desobediencia civil a mediados del año pasado.
En ese momento, el demandante, aseguró que el líder de la Colombia Humana debía dejar su curul en el Congreso por decir que no reconocía la legitimidad del Gobierno de Iván Duque y por “crear situaciones desbordan el orden jurídico”
No obstante, durante la audiencia, la Procuraduría abogó por el senador y dijo que sus manifestaciones “podrían ser materia de estudio en un escenario distinto al judicial”, pero que no había razones para declarar su muerte política, indicó Blu Radio.
“Para el Ministerio Público no están dados los criterios fácticos, jurídicos ni probatorios alegados por los demandantes en sus escritos de demanda para que se proceda con la demanda de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Petro”, dijo la delegada de la entidad, Idayris Carrillo, citada por la emisora.
El parlamentario, por su parte, se defendió argumentando que la desobediencia no era “una acción no violenta en términos de desobediencia a una norma específica”, y que además era un derecho.
“Así que la desobediencia civil no solamente es un derecho, sino que es un acto no violento y lo reconoce la Corte Constitucional y, además, tiene un objetivo que es la democracia participativa”, se defendió.
Ahora el Consejo de Estado debe analizar las declaraciones de las partes y tomar una decisión.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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