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Gustavo Petro anunció este viernes que su Gobierno abrió un canal de diálogo con el ‘Clan del Golfo’ en territorio extranjero, como parte de los esfuerzos de la estrategia de “Paz Total”.
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El mandatario confirmó este 8 de agosto que el Gobierno inició diálogos exploratorios con la estructura criminal ‘el Clan del Golfo’: “Le quiero informar alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado ‘Ejército Gaitanista'”, dijo el mandatario colombiano en su intervención en Tierralta, Córdoba.
Petro, explicó que estas conversaciones hacen parte de la política de “Paz Total” y tienen como propósito definir las condiciones para un eventual sometimiento colectivo y la desarticulación de esta organización ilegal.
Petro no precisó el país en el que se llevan a cabo los encuentros ni la identidad de los participantes, pero señaló que se trata de una fase inicial, centrada en abrir canales de comunicación y establecer una agenda. ‘El Clan del Golfo’, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es catalogado por las autoridades como la organización criminal más grande y poderosa del país, con presencia en varias regiones y un historial de actividades como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y múltiples homicidios.
Este primer anuncio de apertura de diálogo con el ‘Clan del Golfo’ se produce tras varios intentos previos. El 31 de diciembre de 2022, Petro estableció un cese al fuego multilateral con ese grupo armado, que fue revertido en marzo de 2023 tras ataques contra civiles y miembros de la Fuerza Pública. Luego de aquella suspensión, estas conversaciones representan una reactivación del acercamiento, aunque ahora se desarrollen fuera del país y sin revelar los detalles logísticos del proceso.
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El anuncio ha generado reacciones divididas: sectores que apoyan la medida consideran que es un paso necesario para reducir la violencia y avanzar hacia una paz integral, mientras que opositores critican la posibilidad de negociar con un grupo armado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
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