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Gustavo González Ruiz ha sido señalado en el reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como una figura central y operativa en el entramado que llevó a la detención de la congresista Karen Manrique y su colega Wadith Manzur, según reveló la ponencia de 1.020 páginas elaborada por la Corte Suprema de Justicia, bajo la autoría del magistrado Misael Rodríguez, obtenida por el diario EL COLOMBIANO. González, esposo de la representante Manrique, no solo acompañaba a su pareja en numerosos encuentros oficiales, sino que habría sido quien estableció los principales contactos entre la parlamentaria y contratistas, especialmente en el municipio de Saravena, Arauca, epicentro de uno de los proyectos más polémicos bajo investigación.
De acuerdo con los documentos judiciales y testimonios consignados en la investigación, el rol de González Ruiz quedó explícito en una conversación registrada el 14 de diciembre de 2023 entre Karen Manrique y Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD para ese momento. En esa cita, la representante indicó que gestionaría personalmente el millonario contrato sobre obras de protección contra inundaciones en el río Bojabá, de aproximadamente 37 kilómetros, pero lo haría a través de su esposo. La Corte identificó múltiples comunicaciones donde Pinilla, hoy privado de libertad, refería a Gustavo González como el “esposo de la representante a la Cámara Arauca” y facilitaba su contacto entre distintos funcionarios.
Testimonios adicionales evidencian que Manrique y González participaron en reuniones oficiales de la UNGRD tanto en Bogotá como en Arauca, en presencia de altos directivos y comunidades campesinas. Si bien ciertos testigos afirmaron que en uno de estos encuentros no se abordaron asuntos directos de contratación, el seguimiento de la Corte determinó que la participación de González Ruiz superaba la presencia protocolaria y estaba orientada a la supervisión y la presión por la agilidad en la adjudicación de contratos, en coordinación con otros enlaces regionales como Camilo Díaz.
La investigación detalla cómo Gustavo González Ruiz habría intervenido en decisiones técnicas, desde seleccionar qué empresas serían invitadas a las licitaciones privadas hasta exigir personalmente avances en los trámites contractuales. El proceso clave, destinado a construir diques y estructuras hidráulicas en Saravena, fue reclasificado sobre la marcha de “obra de intervención correctiva” a “obra de emergencia” en diciembre de 2023, agilizando su aprobación y evitando controles adicionales, situación que, según la Corte Suprema, sirvió como moneda de cambio entre el Ejecutivo y sectores del Congreso de la República.
El valor total de la obra, incluyendo interventoría, rondó los $34.000 millones, con condiciones administrativas que favorecieron la discrecionalidad en la asignación y ejecución de recursos. Según la defensa de Karen Manrique, citada por EL COLOMBIANO, la congresista y su equipo consideran que las acusaciones responden a maniobras de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla para obtener beneficios judiciales, alegando que no existe relación formal con empresas del entorno de González Ruiz. No obstante, el expediente de la Corte incluye evidencias sobre reuniones, contratos previos en municipios como Cravo Norte y acuerdos sociales relacionados con la destinación de maquinaria y convenios para obras en otros ríos de Arauca.
En conclusión, la Corte Suprema sostiene que Gustavo González Ruiz actuó como operador clave en la región, utilizando su cercanía con la representante Karen Manrique para incidir en la distribución y control político de recursos públicos, especialmente en proyectos supuestamente dirigidos a mitigar el riesgo de desastres, pero cuya ejecución terminó vinculada a redes de negociación ilícita entre lo público y lo privado.
¿Cuál es el alcance de las "obras de emergencia" en proyectos de gestión del riesgo? Las denominadas “obras de emergencia” aluden a intervenciones catalogadas oficialmente por entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para responder a situaciones que requieren ejecutarse de manera urgente, como la mitigación de daños causados por inundaciones. Su reclasificación permite acortar los tiempos y minimizar ciertos controles técnicos y legales de rigor que sí se aplicarían en procedimientos ordinarios, aumentando con ello la discrecionalidad administrativa.
Tal como muestra el expediente de la Corte Suprema y los documentos recopilados por EL COLOMBIANO, el cambio de categoría de estas obras influyó de manera determinante en el caso del río Bojabá, donde el proyecto, inicialmente planteado como una intervención correctiva, fue posteriormente declarado “de emergencia”. Esta decisión, según la investigación, se utilizó para agilizar el trámite y facilitar su manejo por personas vinculadas políticamente, lo que evidencia la relevancia de entender cómo se despliegan y controlan estas figuras en la gestión pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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