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La Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de su Sala de Instrucción, avanza en una investigación que involucra a cinco congresistas y un exparlamentario en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El magistrado Misael Rodríguez presentó una ponencia, revelada por El Tiempo, que solicita imputar formalmente y enviar a prisión a los investigados por presuntamente formar parte de una estructura criminal dedicada a manipular votos en las comisiones económicas del Congreso. Según el alto tribunal, estos movimientos se hacían a cambio de contratos y beneficios pagados con recursos públicos provenientes de la entidad.
La ponencia, que comprende cerca de 1.000 páginas, también propone que se compulsen copias contra dos de los parlamentarios por hechos diferentes a los principales de este expediente, así como contra otro congresista mencionado en las investigaciones. Entre los implicados figuran Wadith Manzur, recientemente elegido senador con más de 110.000 votos; Karen Manrique, reelecta representante a la Cámara por las Curules de Paz; Juan Pablo Gallo; Julián Peinado; Liliana Bitar; y el excongresista Juan Diego Muñoz. Todos ellos fueron vinculados al expediente por el delito de cohecho impropio, relacionado con la entrega de dádivas a cambio de la realización de trámites en la UNGRD, especialmente en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Debido a extensas discusiones internas, la Sala de Instrucción designó a dos conjueces: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes poseen amplia experiencia en derecho penal, para destrabar el análisis de la ponencia. La decisión definitiva sobre la acusación formal y las eventuales medidas de prisión deberá tomarse en el corto plazo, tras el estudio de los nuevos argumentos legales presentados por las defensas y el Ministerio Público.
El proceso tomó un giro significativo a partir de las declaraciones rendidas el 5 de junio de 2024 por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en un interrogatorio ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema. Fue López quien, bajo juramento, expuso cómo varios congresistas estaban presuntamente implicados en acuerdos ilícitos que facilitaban la distribución de recursos y contratos públicos de la entidad, exponiendo el funcionamiento de una red de favores entre el Congreso y altos funcionarios del gobierno de turno.
Durante este proceso, fueron mencionados nombres clave y se detallaron reuniones en el Ministerio del Interior, en las que participaban congresistas y funcionarios, incluidos asesores ministeriales hoy privados de la libertad. En una de esas diligencias, Olmedo López identificó a Karen Manrique y Wadith Manzur como enlaces entre el Gobierno y el Congreso para temas relativos a la gestión del riesgo, roles que, según su relato, habrían sido definidos directamente por el ministro Luis Fernando Velasco, actualmente también encarcelado por el caso. La coordinación de estas reuniones incluía videollamadas y seguimientos virtuales, consolidando una cadena de toma de decisiones entre los acusados.
El nombramiento de los conjueces Rey Córdoba y Fonseca Alvarado, con trayectoria en derecho penal y funciones diplomáticas y académicas, marca el rigor con el que la Corte busca encarar este caso de alto impacto. Esta investigación no solo pone en la mira la transparencia en la administración de recursos para la gestión del riesgo, sino que también evidencia la compleja relación entre poderes públicos y la importancia de los procesos judiciales en el control del uso de los dineros del Estado.
¿Qué implica el delito de cohecho impropio en Colombia?
El cohecho impropio es una conducta tipificada en la legislación penal colombiana que sanciona a todo servidor público que acepte dádivas, promesas o cualquier tipo de beneficio a cambio de ejecutar u omitir un acto propio de sus funciones. Este delito suele estar presente en investigaciones sobre corrupción, pues implica el aprovechamiento indebido de la posición de poder para favorecer intereses particulares o de terceros. Su relevancia reside en la severidad de las penas que contempla la ley y en su impacto sobre la confianza pública en las instituciones.
La pregunta sobre el cohecho impropio aparece en el contexto de investigaciones relevantes, como las que la Corte Suprema adelanta sobre la presunta manipulación de decisiones en el Congreso en favor de intereses particulares, utilizando recursos públicos como moneda de intercambio. Estos procesos permiten al público comprender la gravedad de los cargos formulados y la trascendencia que tienen para la estabilidad y transparencia del sistema democrático colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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