Faltando apenas un mes para dejar su cargo, el expresidente Iván Duque firmó un polémico decreto, el 1064 de 2022. Este cambió las condiciones para entregar esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Entre las modificaciones se encontraba que recibirían de forma automática esquemas aquellos funcionarios que hubiesen estado en el Consejo Nacional de Seguridad y los que hayan avalado extradiciones.

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Este cambió dejó a varios de sus cercanos con un esquema de seguridad después de haber abandonado el Gobierno. Entre los beneficiados estaban el director del DAPRE, ministros de Defensa e Interior, y el jefe de gabinete. Hubo gran controversia pues había perfiles controvertidos, como el María Paula Correa, que quedaban con esquema sin haber certeza de que su vida corriera peligro.

Tras seis meses en el Gobierno, la administración Gustavo Petro va a dar reversa una de las últimas acciones polémicas de Iván Duque. Este sábado se conoció el borrador de un decreto que busca eliminar los efectos de la determinación presidencial 1064 de 2022, firmada en junio de 2022.

En el borrador, conocido por Blu Radio, queda consignado que la medida firmada por el Gobierno anterior implica la “implementación de medidas de protección sin el lleno de requisitos y procedimientos estipulados en las normas que rigen el programan de prevención y protección”.

En este sentido, en el decreto se recuerda pronunciamientos de la UNP hechos a principios de mes en los que se dice que los esquemas no deberían ser asignados simplemente por haber hecho parte de del Consejo Nacional de Seguridad o por haber avalado una extradición, sino que el criterio debería ser que son “víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo.

La determinación presidencial eliminaría todos los efectos del decreto 1064 firmado por Duque, por lo que esto también implica que se eliminará el punto que establecía que se puede entregarle esquemas de seguridad a líderes religiosos. De acuerdo con el anterior gobierno, tocaba incluir la categoría de líderes religiosos para la entrega de esquemas de seguridad puesto que “debido a los riesgos propios de su actividad religiosa y de cultos (…) resulta necesario incluir la categoría de líderes como sujetos beneficiarios”.

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No obstante, la orden del Gobierno de Gustavo Petro no retiraría de inmediato todos los esquemas otorgados bajo el decreto de Iván Duque, sino que se establece un periodo de transición para que la Unidad Nacional de Protección revise el nivel de riesgo de los beneficiados y “determinar su subsiste un nivel de riesgo de estas personas, para determinar su subsiste” las posibles amenazas y peligros. De no encontrarse riesgo, se procedería a retirar el esquema.

El borrador que se conoció este sábado no viene firmado directamente por el presidente Gustavo Petro, sino que sería promulgado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro del Interior, Iván Velásquez. No se sabe si estas carteras pondrán a consideración el borrador para que la ciudadanía emita opiniones o si la intención es promulgarlo y cortar de tajo la entrega de esquemas planteada por el anterior gobierno.

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