El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El gobierno encabezado por Gustavo Petro ha decidido retomar formalmente la mesa de negociación con exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designando a 16 de ellos como "gestores de paz" como parte de una iniciativa cuyo objetivo es cerrar un proceso de desmovilización que permanecía inconcluso desde los años 2000, según lo detallado en El Espectador el 22 de septiembre de 2025[1]. Esta decisión es el resultado de un diagnóstico realizado desde noviembre de 2024, que permitió identificar la relevancia de estos actores para la política de paz total que viene promoviendo el actual gobierno. A través de esta estrategia, la administración busca abordar los vacíos históricos del proceso original de desmovilización paramilitar, especialmente en cuanto a la restitución de bienes, la búsqueda de la verdad y las garantías efectivas de reparación para las víctimas.
Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, explicó que la mesa técnica estará presidida por el ministro del Interior, Alfonso Benedetti, e incluirá la participación de entidades del más alto nivel, como el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e, incluso, la Fiscalía. Este formato pretende garantizar los principios de transparencia y justicia, al tiempo que se incluyen instancias de control institucional y social. Según el ministro Benedetti, la prioridad es asegurar que haya “seriedad y tranquilidad para la ciudadanía” y consolidar un proceso judicial que permita esclarecer los pendientes del antiguo acuerdo con las AUC[1].
Esta acción gubernamental responde a críticas expuestas desde distintos sectores académicos y de derechos humanos, que han calificado el primer proceso con las AUC como insuficiente, en especial por la impunidad relativa y la persistencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo. Voces como la de Ana Carrigan, de la Universidad de los Andes, recalcan que sin mecanismos robustos de verdad y reparación es imposible evitar nuevos ciclos de violencia ni lograr la reconstrucción del tejido social colombiano[2]. El relanzamiento de la mesa técnica, por tanto, se concibe como un paso imprescindible para saldar la deuda histórica frente a las víctimas y devolver legitimidad a los procesos de paz en Colombia.
Expertos internacionales, como los del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), sugieren que la reapertura de espacios técnicos con desmovilizados puede fortalecer la continuidad de la paz, siempre que se garantice la supervisión de organismos de control y la participación activa de las víctimas[3]. Este criterio busca evitar la repetición de errores pasados y aumentar la confianza pública en las nuevas iniciativas, fortaleciendo la legitimidad y eficacia de las políticas de reconciliación impulsadas por el gobierno.
Por otra parte, el actual contexto también exige que el periodismo de investigación vigile de cerca este proceso. Herramientas como la plataforma NINA, desarrollada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), permiten monitorear en profundidad los antecedentes y redes relacionadas con actores armados[4]. Además, la transparencia en el manejo de información y la protección de las fuentes periodísticas, como advirtió Bastian Obermayer en la GIJC23 Conference, resultan esenciales para evitar cualquier opacidad que perjudique la confianza pública[5].
Así, la reactivación de la mesa técnica con exjefes paramilitares representa para el Gobierno Petro un intento por cerrar con responsabilidad los pendientes de la desmovilización, apostando por la verdad judicial, el acompañamiento institucional y la centralidad de las víctimas como condiciones para avanzar en la paz.
¿Qué implica ser “gestor de paz” en el proceso colombiano? Nombrar a exjefes de las AUC como gestores de paz implica darles un rol específico en la implementación y monitoreo de los acuerdos pendientes, especialmente aquellos que buscan la reparación y la verdad para las víctimas. El contexto colombiano exige claridad sobre las funciones concretas de estos gestores: no solo deben facilitar espacios de diálogo técnico, sino también responder ante mecanismos estatales de control y asegurar el respeto a los derechos humanos. Su papel es objeto de atención tanto por parte de las instituciones como de la sociedad civil, ya que de su actuación depende la credibilidad del proceso y el avance hacia el cierre definitivo del capítulo paramilitar.
¿Por qué es esencial la participación de las víctimas en la nueva mesa técnica? La reparación y el esclarecimiento de hechos solo pueden lograrse plenamente si las víctimas tienen voz y capacidad de incidencia en el diseño y seguimiento de la mesa técnica. En Colombia, la falta de participación real en procesos anteriores ha perpetuado la sensación de impunidad y revictimización. Ahora, distintos sectores consideran indispensable que las organizaciones de víctimas sean protagonistas: su inclusión ayuda a garantizar la transparencia, identifica riesgos de repetición y contribuye a legitimar socialmente las decisiones, asegurando que el proceso no sea percibido como un simple formalismo institucional sino como un auténtico avance en la justicia restaurativa.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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