Una de las promesas del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a través del ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz, era la ampliación de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá para mitigar el hacinamiento en el Quindío no será realidad.
Al respecto, desde la cartera nacional respondieron que “el tema quedó por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, con el ministerio del Interior, pero que este no avanzó con el tema. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, estuvo revisando el tema, pero el ente territorial buscaba cofinanciación por lo que se iba por Fonsecón”.
(Lea acá: Licor colombiano, muy apetecido en el exterior, ¿qué es lo que más piden en otros países?)
Ante esta situación, la secretaria del Interior del Quindío, Magda Inés Montoya Naranjo, manifestó que la voluntad del gobierno departamental continúa y que siguen contando con los alcaldes de los 12 municipios y las disponibilidades presupuestales cercanas a los $ 10.500 millones para la adecuación de la prisión de la segunda ciudad del departamento.
Todo el proceso
Andrés Díaz Hernández, director nacional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, dijo en noviembre del año pasado —en su visita al Quindío— que para el primer trimestre del 2022 ya estaría lista la contratación para comenzar a construir el pabellón anexo de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá y así descongestionar los CAI de la Policía Nacional y evitar el hacinamiento de la región que para septiembre del 2021 estaba en 338 %, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
En se momento, el 25 de noviembre del 2021, la gobernación aplaudió el hecho de que el gobierno nacional apoyará el 100 % de la primera fase de esta construcción con $ 12.000 millones y que los $ 2.500 millones que recolectaron los 12 alcaldes del Quindío y la gobernación departamental se fueran a una bolsa para anexos en la elaboración del pabellón que atendería a más de 120 sindicados privados de la libertad.
“La conclusión más importante es que el gobierno nacional determinó la construcción de un pabellón para 170 sindicados”, expuso Díaz Hernández.
Sin embargo, pasó el primer trimestre del 2022 y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, de la Agencia Nacional de Contratación Pública, jamás apareció.
En ese momento, La Crónica revisó el Secop, pero el sistema arrojó negativo. Entonces intentó contactar al director del Uspec, pero no fue posible.
(Lea también: Fiscalía en el Quindío está encartada con incautación de químicos peligrosos)
Fue por esto necesario consultar a la secretaria del Interior departamental, Magda Inés Montoya Naranjo, que respondió por medio de su oficina de comunicaciones.
“Desde la secretaría del Interior de manera permanente en lo corrido del año 2022 ha solicitado formalmente al Uspec información sobre el avance del proceso precontractual de la construcción del pabellón, obra que en su mayoría será financiada por ellos. Es preciso indicar que desde la gobernación del Quindío se encuentran aprobados y reservados los recursos destinados para esta importante obra, sin embargo, hasta que no se reciban los documentos por parte del Uspec, no será posible dar inicio a la construcción”, manifestó Montoya Naranjo.
Y agregó: “En conversaciones sostenidas por la entidad mencionada a mediados del mes de abril manifestaron que se encontraban terminando los primeros estudios para proceder y enviar de manera formal a revisión por parte de la gobernación del Quindío. Finalmente, es importante dejar en claro que todas las actuaciones realizadas con el propósito de dar inicio de manera oportuna a esta importante obra que beneficiaría a los 12 municipios del departamento; desde el gobierno Departamental, han sido puestas en conocimiento de los órganos de control, quienes han participado además de múltiples mesas de trabajo relacionadas con el tema”.
Sobre lo hecho este 2022, añadió: “La gobernación del Quindío sigue trabajando por la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. Es así como en lo corrido del año 2022 en articulación con las entidades competentes, se ha logrado el traslado de 69 personas condenadas y 17 personas sindicadas al establecimiento Penitenciario Peñas Blancas, con el fin de mitigar el hacinamiento en los centros transitorios de detención. Asimismo, el pasado 10 de enero, por parte de la secretaría del Interior, de manera articulada con la secretaría de Infraestructura, se efectuó la entrega de materiales eléctricos en el comando de Policía Quindío para las adecuaciones necesarias de los lugares provistos para mantener a las personas detenidas en óptimas condiciones y de esta manera evitar que sobrevengan situaciones que atenten contra los Derechos Humanos de esta población”.
¿Qué dijo el ministro?
En el mes de junio de 2021, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, junto a la gobernación del Quindío, los 11 municipios y Armenia suscribieron un convenio para la construcción del nuevo pabellón.
El proyecto estaba presupuestado en $ 10.500 millones, para lo cual, el municipio de Armenia y la gobernación aportaban del Fondo de Seguridad, Fonset, de a $ 1.000 millones; y los otros 11 municipios sumaban $ 500 millones, mientras que el gobierno nacional desembolsaba $ 8.000 millones para cubrir la cifra total.
En julio, la gobernación del Quindío envió los documentos necesarios a Bogotá y en agosto comenzarían las obras.
Para el 4 de noviembre del año pasado, de nuevo, La Crónica consultó con la oficina de comunicaciones de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, que respondió: “Se indagó con infraestructura de la entidad sobre el tema y no hay nada concreto, está dentro de los planes, pero aún no hay nada”.
El pasado 9 de septiembre, el ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, informó que previo a cualquier acción primero se debían reunir con el ministerio del Interior, pero hasta el cierre de esta edición no hubo comunicado alguno que aclarara en qué etapa estaba el proceso jurídico.
El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, manifestó que el año pasado, cumpliendo una acción legal, iba a disponer un espacio en el sector de Miraflores de la capital para ubicar a cerca de 120 privados de la libertad, pero esto no se dio a raíz del pronunciamiento del ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.
Esta misma situación se vivió en La Tebaida, con ese gobierno municipal y el departamental, ellos iban a adecuar y disponer la cárcel del barrio La Nueva Tebaida, pero no fue posible a razón de los pronunciamientos del gobierno nacional.
.svg)
