El concejal de Bogotá Julían Uscategui ha puesto en tela de juicio las designaciones de gestores de paz, entre ellas alias ‘Don Berna’, por porte del presidente Gustavo Petro.
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Según el comunicado del militante del partido Centro Democrático, miembros de grupos armados como las FARC, ELN y paramilitares, han sido nombrados como gestores de paz, beneficiándose de una exención para no cumplir con las condenas impuestas por la justicia colombiana, las cuales suman un total de 1246 años.
Uscátegui ha expresado su preocupación y descontento al afirmar que estas designaciones representan una clara ventaja para personas que han evadido, incluso, la justicia de los Estados Unidos, y que han sido condenadas por delitos graves como homicidio, terrorismo, extorsión, secuestro y violación.
“El nombramiento de estos criminales como gestores de paz es un monumento a la impunidad y una ofensa para las víctimas. La paz no llegará a Colombia premiando con libertad, impunidad y esquemas de seguridad a los peores criminales de este país”, aseguró Uscategui.
La controversia no solo radica en la aparente impunidad con que estos individuos han sido favorecidos, sino también en la afectación directa a las víctimas del conflicto armado, quienes según el concejal, son revictimizadas con tales decisiones administrativas y políticas.
¿Cuántos gestores de paz ha nombrado el Gobierno de Gustavo Petro?
Estas designaciones se llevaron a cabo bajo la Ley 2272 de 2022, que ha amparado este grupo de exguerrilleros y exparamilitares, dentro de los cuales se encuentran 16 exmiembros de las AUC, 16 guerrilleros del ELN, 7 de las FARC y 25 cuya afiliación no ha sido precisada.
De esta manera son 75 nombramientos en el periodo presidencial del dirigente de izquierda que en agosto de este año cumple tres años de gobierno.
Este asunto ha generado reacciones diversas dentro del ámbito político y social en Colombia, donde el papel de los gestores de paz es crucial para el proceso de reconciliación nacional pero está siendo cuestionado por las modalidades de su implementación.
Mientras algunas voces en la política local como la de Katherine Miranda, han tratado de buscar rectificaciones legales ante el Consejo de Estado, las preocupaciones de Uscátegui resuenan con un sector significativo de la población que aún siente las heridas del conflicto armado muy abiertas.
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