La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) fue designada como “Amigable Componedor”, para resolver la controversia en torno a la entrega de las obras de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, en la capital del país.
Cabe recordar que en las últimas semanas, el Acueducto de Bogotá encendió las alarmas sobre el estado actual de la planta, que presenta averías en algunas maquinarías. Asimismo, indicó el retraso en algunas partes de las obras, que deberían entregarse el próximo 12 de septiembre. Por su parte, el contratista de la obra, el Consorcio de Expansión de la PTAR Salitre (CEPS), indicó que los problemas en los equipos se deben a falta de mantenimiento;, por lo que está de acuerdo con una inspección de un tercero de la planta.
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De esta manera, se firmó un acuerdo entre la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el contratista para que sea la SCI quién defina cómo se debe entregar la planta y si la falla en la maquinaria de la PTAR se debe a su funcionamiento normal o a errores en la instalación, por parte del consorcio.
“Un tercero definirá las condiciones técnicas en que deberá operar la PTAR Salitre. Esto para que el Acueducto de Bogotá tenga con claridad las condiciones en las cuales será entregada. Recordemos que por una orden judicial acelerada, se ordenó la entrada en operación de la planta en diciembre de 2021. Necesitábamos un tercero que solucionara las controversias entre las partes, con una posición vinculante, esto es fundamental para llegar a una solución” indicó el Contralor Distrital, Julián Ruiz.
Por su parte, Fernando Sanabria, director de la CAR señaló que está de acuerdo en permitir ampliar el plazo del contrato, sin adicionar “un peso más”, para la finalización de la expansión de la planta. Así las cosas, se espera que en seis meses se dé un concepto de fondo, para resolver la diferencias expuestas entre el contratista y la CAR, que es responsable del contrato.
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Frente a esto, la Contraloría Distrital hizo un llamado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros a que tenga en cuenta las preocupaciones que ha indicado el Acueducto de Bogotá, quién será el responsable de operar la planta. Con esta decisión se amplía el plazo para entregar las obras, así como el cumplimiento de la sentencia del Concejo de Estado que, en 2014, ordenó la descontaminación del Río Bogotá.
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