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En la madrugada del 29 de agosto de 2024, una celda en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) del centro penitenciario El COPED Pedregal se convirtió en escenario de una pesadilla. Andrea Valdez, interna del penal, vivió lo que ninguna persona debería experimentar: fue intimidada, maltratada física y verbalmente, para luego ser sometida sexualmente, al parecer, por un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Pero el horror no terminó ahí. Apenas una semana después, en la madrugada del 5 de septiembre, otro dragoneante habría repetido las agresiones contra la reclusa. Andrea enfrentó no solo el trauma de la violencia, sino también el miedo constante de ser silenciada. “Ya este tipo vuelve y más o menos me repite lo mismo: que tuviera el pico cerrado porque si no me lo cerraban”, relató la joven en Noticias Caracol.
Su valentía al denunciar lo sucedido ante la Fiscalía General de la Nación fue el primer paso para que la justicia comenzara a actuar. La Dirección Especializada contra la Corrupción asumió el caso y desplegó una serie de actividades de policía judicial que permitieron identificar a los presuntos agresores: los dragoneantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez.
¿Quién es el papá del hijo de Andrea Valdez?
Las pruebas fueron contundentes. ADN, registros de comunicación y videos de seguridad revelaron una verdad escalofriante. Diego Stiven Castaño Sánchez, según los análisis, dejó en estado de embarazo a Andrea como resultado de la agresión. Un video obtenido por la Dijín y la Fiscalía muestra a uno de los guardias ingresando a la celda de la víctima, en lo que sería una de las noches de abuso.
“En el análisis de las diferentes horas de video obtuvimos y verificamos el ingreso de modo tiempo y lugar de uno de los guardianes del Inpec, el cual ingresó al lugar donde la víctima estaba denunciando, al igual que la obtención de los CLR’s de las antenas establecimos que estas personas se comunicaban y estaban dentro del establecimiento carcelario”, explicó uno de los investigadores a Noticias Caracol.
Los dos funcionarios fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI y la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia). La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Aunque los cargos no fueron aceptados, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Castaño Sánchez, mientras que Alvarado Torres continuará vinculado a la investigación.
Andrea, con una fuerza que desafía el dolor, compartió su testimonio con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. “Horrible porque, hombre, quedar embarazada por una violación. Yo estaba rota, destrozada, por dentro. El llanto ni siquiera me dejó hablarle ni responderle. Yo solamente lo miraba, pero yo sé que mis ojos se lo decían todo. Ya fue más grosero, más animal. Ni un psicópata ni un hombre que esté mal de la cabeza haría eso”, narró.
La víctima también denunció intentos de los agresores por acabar con su vida y la de su bebé. “Creo que querían interrumpir mi embarazo porque es la prueba más evidente de lo que me hicieron en ese lugar. Yo almuerzo y cuando me como esos alimentos, como a los 20 minutos empiezo a sentirme mal. Me dolía mucho mi estómago y me fui a vomitar. Cuando estoy vomitando, siento como si me hubiera hecho chichí, me miré el protector y tenía sangre”.
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Los funcionarios del Inpec señalados de cometer estos abusos podrían pagar hasta 50 años de cárcel.
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