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Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena han sido identificados por la Fiscalía General de la Nación como los principales coordinadores de una serie de retenciones ilegales de uniformados cometidas en el suroeste colombiano. Según señala la investigación oficial, ambos presuntamente establecieron vínculos directos con el grupo armado ilegal Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La información presentada por la Fiscalía destaca que su labor no se limitó a la planeación, sino que también incluyó la logística y la persuasión de civiles para que participaran activamente en la retención de los funcionarios que desempeñaban labores operacionales en las zonas afectadas.
La Fiscalía explicó con detalle los roles de liderazgo y negociación puestos en marcha por Galvis Plaza y Giraldo Mena en estos hechos. Los dos estarían encargados de dirigir, coordinar y mantener las órdenes necesarias para que los policías y militares retenidos permanecieran en cautiverio. Posteriormente, ellos mismos participaron en diálogos con representantes de entidades estatales buscando obtener concesiones que beneficiaran al grupo Carlos Patiño, lo que finalmente permitió que se concretaran las liberaciones de los uniformados.
El primer episodio de esta cadena de secuestros ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025. En esa ocasión, veintiocho miembros de la Policía Nacional fueron privados de la libertad en el caserío El Plateado, una región rural del municipio de Argelia. Este acto marcó el inicio de una escalada de retenciones de funcionarios estatales en la zona.
Pocos meses después, en junio de 2025, se produjo un segundo incidente: 57 militares fueron retirados a la fuerza del caserío La Hacienda y llevados al sector de Fondas, ambos ubicados en el área rural de El Tambo. Este hecho reforzó la preocupación sobre la capacidad de control territorial de los grupos armados ilegales en esos municipios y la vulnerabilidad a la que se ven expuestas las fuerzas de seguridad estatales.
Un tercer evento delictivo se registró entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre de la vereda Honduras, también en El Tambo, donde setenta y dos miembros del Ejército Nacional fueron retenidos por miembros de la estructura Carlos Patiño. Cada uno de estos actos evidenció patrones de operación similares, en los que la intervención y persuasión de la población civil jugó un papel decisivo, según los hallazgos de la Fiscalía.
En todas las situaciones descritas, las negociaciones para las liberaciones no solo implicaban la entrega de los funcionarios, sino que se usaban como herramienta de presión ante el Estado para obtener beneficios para el grupo armado ilegal. Estos casos fueron revelados a partir del análisis puntual de los hechos y de la reconstrucción de los procesos de negociación, de acuerdo con las pruebas recabadas por la Fiscalía a lo largo de la investigación.
¿Qué significa “retención ilegal” en el contexto del conflicto armado colombiano?
En Colombia, la “retención ilegal” hace referencia al acto de privar de la libertad a una o varias personas, generalmente por grupos armados ilegales, sin seguir procedimientos judiciales ni causa legítima. Este fenómeno es común en el conflicto armado interno, donde diferentes actores recurren a las retenciones para presionar al Estado, negociar concesiones o demostrar control territorial. El caso de las retenciones coordinadas por Galvis Plaza y Giraldo Mena ilustra cómo estas prácticas forman parte de tácticas más amplias de los grupos armados para fortalecer sus posiciones y negociar con las autoridades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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