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La segunda sesión del juicio adversarial que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva a cabo contra el coronel en retiro del Ejército David Herley Guzmán Ramírez expuso crudamente los oscuros episodios ocurridos bajo su mando en el Batallón Contraguerrilla 79. Según relataron exoficiales ante la JEP —Manuel Antonio Quintero Flórez, Yimmy León Pulido y Edwin Alberto Cardona Arias—, esta unidad militar derivó en una banda criminal dedicada a torturar y asesinar menores de edad y civiles desarmados. El caso ejemplifica uno de los numerosos capítulos en que Guzmán Ramírez figura como principal protagonista de acciones atroces.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Guzmán Ramírez fue acusado en diciembre de 2024 por, presuntamente, coordinar junto a otros miembros del Ejército y organizaciones paramilitares del norte de Antioquia la ejecución de homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), desapariciones forzadas y tratos crueles que vulneraron a la población civil para recibir reconocimientos e incentivos administrativos. Los hechos rememorados por los exmilitares ante la JEP señalan una estructura de impunidad y simulación: muchas víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate y enterradas en cementerios de Ituango y Dabeiba, identificados luego por expertos forenses.
El periodo en el que estos crímenes tuvieron lugar abarca desde el 31 de agosto de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2005, cuando Guzmán Ramírez estaba al frente del Batallón Contraguerrilla 79. Las sesiones del juicio reconstruyen paso a paso lo sucedido, incluyendo el caso de Seneida, una niña de 13 años que fue retenida por el Ejército y de inmediato identificada falsamente como guerrillera, tras lo cual fue entregada a otros militares, conducida a una finca denominada Tamarindales y finalmente asesinada junto a dos hombres más. Este acto, según testimonios, fue ordenado directamente por Guzmán Ramírez, quien también dispuso cómo se manipularían las escenas y versiones oficiales siguientes.
En la finca Tamarindales, siguiendo instrucciones precisas, varios soldados ejecutaron a las víctimas; los cuerpos fueron disfrazados con uniformes y armamento para simular un enfrentamiento. Se tomaron fotografías y se elaboró un reporte falso firmado por Quintero, en el que se afirmaba que los fallecidos eran combatientes caídos en combate. Guzmán Ramírez, además de estar presente durante las ejecuciones, organizó reuniones internas para que todos mantuvieran versiones coordinadas y así complicar cualquier investigación futura.
El proceso judicial también evidenció prácticas sistemáticas de tortura, como el llamado “bolsazo”, que consistía en asfixiar a detenidos con una bolsa plástica para forzarlos a confesar lo que los militares deseaban escuchar. Los relatos de Cardona Arias, además de confirmar los asesinatos, revelaron esta metodología recurrente durante la comandancia de Guzmán Ramírez. Las recompensas por encubrir lo ocurrido —como días libres y reconocimientos en las hojas de vida— reflejan una lógica de incentivos que perpetuó el ciclo de violencia y silencio. Finalmente, la ruptura del silencio por parte de Quintero, ya condenado y encarcelado, significó el primer cuestionamiento público a la inocencia del excomandante.
¿Qué implica el término “falsos positivos” en el contexto de este juicio?
La expresión “falsos positivos” surge del contexto del conflicto armado colombiano, particularmente en relación con casos en los que miembros de la fuerza pública presentaban como bajas en combate a civiles ejecutados extrajudicialmente —como en el caso del Batallón Contraguerrilla 79— para obtener recompensas, ascensos y reconocimientos. En el proceso judicial relatado, el término señala cómo las víctimas eran asesinadas, disfrazadas de insurgentes y reportadas oficialmente como guerrilleros muertos en enfrentamientos, alterando la verdad para inflar resultados operacionales.
La relevancia del concepto de “falsos positivos” va más allá de la manipulación de cifras: revela las motivaciones institucionales, la participación de altos mandos y el sistemático ocultamiento de crímenes, generando una crisis de legitimidad en las fuerzas militares de Colombia. Este juicio específico ante la JEP busca esclarecer responsabilidades, identificar patrones de comportamiento y aplicar justicia en nombres y hechos cuya verdad había sido deliberadamente distorsionada.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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