“Uno de ellos [de los discursos de Duque, va dirigido] hacia la opinión pública y la comunidad internacional, donde expresa voluntad de implementación”, dijo Gallo, también conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.

En el otro discurso, Duque “trata de reducir la implementación al tema de la reincorporación”, agregó el senador jefe de la bancada en el Senado del partido Farc.

Según Gallo, cuando Duque habla de la implementación del acuerdo de paz muestra “unas cifras que aparentemente son millonarias, pero que puestas en la realidad comienzan a desinflarse”.

Gallo aseguró que si se hace un balance del acuerdo “tenemos que concluir que es muy pobre lo que se ha logrado conseguir de implementación y esa pobreza refleja, de alguna manera, la falta de voluntad política del Estado colombiano (…) y obviamente de manera particular de este Gobierno de Iván Duque”.

Agregó que eso se debe a que el Centro Democrático, partido al que pertenece Duque y que fue fundado por el expresidente Álvaro Uribe, opositor del acuerdo, “llegó al Gobierno [en las elecciones de 2018] con la bandera de hacer trizas la paz, de acabar ese acuerdo que nunca lo han compartido”.

“Eso explica en buena medida que estos quince meses que llevan en el Gobierno en lugar de buscar la forma de desarrollar normativamente y en la práctica (…) se han dedicado desde la bancada del partido de Gobierno en el Congreso a radicar iniciativas dirigidas todas a entorpecerlo o a tratar de golpearlo en su esencia”, sostuvo.

Reforma agraria, en ceros

La falta de acceso a la tierra por parte de los campesinos y la concentración en manos de terratenientes es uno de los mayores problemas del país y por eso fue el primer punto del acuerdo de paz.

“En el tema de la forma rural realmente no hay absolutamente ningún avance”, sostiene el político, quien recalca que es esencial desarrollar un catastro para que “se sepa cuánta tierra tenemos en capacidad de poner a producir y en manos de quién está”.

Añade que “desafortunadamente aquí en Colombia hay intereses muy poderosos que no quieren que esa información se conozca”.

En cuanto a la reforma política, el partido Farc asegura que “está totalmente estancada” y no ha sido posible que avance porque “el Gobierno no tiene ningún interés tampoco en ese proyecto”.

Más grave considera el estado de las garantías de seguridad porque ya “suman más de 800 líderes sociales asesinados [y] luego de la firma del acuerdo tenemos más de 169, tal vez 171 exguerrilleros asesinados al día de hoy. De esos tal vez 90 durante el actual Gobierno”.

Narcotráfico no es problema

Contrario a lo que afirma el Gobierno, que sostiene que el narcotráfico quiere que la paz de Colombia fracase para poder mantener su negocio, Gallo sostiene que este fenómeno, también incluido en el acuerdo, no es el responsable de la nueva ola de violencia.

“No, el problema no es el narcotráfico. El narcotráfico es el resultado de otro problema: el problema estructural de la tierra en Colombia, es decir, la cadena del narcotráfico que tiene distintos eslabones, el primero de ellos las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los campesinos colombianos”, asegura.

Agrega que si se hace una reforma rural se crea un fondo de tierras y se dan esas tierras a los campesinos, estos dejarán de tener cultivos ilícitos.

“De manera que si el Gobierno colombiano estuviera interesado en acabar con el eslabón más frágil de la cadena que es ese de los cultivos, se empeñaría en implementar la reforma rural integral y de esa manera estaríamos quitándole esos campesinos que son la base inicial de esa cadena de narcotráfico a las grandes mafias”, explica.

Gallo insiste en que con las reformas agraria y política se estaría “golpeando un fenómeno complementario al de la tierra y es la existencia de verdaderos cacicazgos políticos en las regiones que se retroalimentan con esas mafias del narcotráfico”.