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La Fiscalía General acusó al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por presuntos hechos de corrupción en la administración de la justicia, puntualmente por supuestamente retardar actuaciones judiciales y evitar la captura de excongresistas salpicados en investigaciones.
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Según el ente acusador, los hechos se habrían presentado entre 2015 y 2016, cuando Ricaurte, que ya ha sido imputado por el ‘Cartel de la toga’, ya no era funcionario judicial. La investigación indica que habría participado en la entrega de dineros a un magistrado auxiliar de la Corte para entorpecer el funcionamiento de la justicia.
Al parecer, de acuerdo con el material probatorio, el exfuncionario judicial habría liderado y coordinado un entramado de corrupción que afectó la administración de justicia. Por ello, un fiscal auxiliar de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lo acusó ante un juez penal del circuito de Bogotá por dos delitos de cohecho por dar u ofrecer.
“Labores de policía judicial evidenciaron que el exmagistrado, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los congresistas para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes”, explicó la Fiscalía.
Los congresistas implicados y a quien defendía Moreno Rivera eran los entonces representantes a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, ambos investigados por delitos relacionados con parapolítica, corrupción y bandas criminales.
La investigación, soportada en testimonios, señala que el exmagistrado Ricaurte habría autorizado el pago de millonarias sumas al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, a través del abogado Moreno Rivera. Ese dinero presuntamente entregado por parte de los congresistas Velásquez y Córdoba a para impedir la apertura de una investigación formal, y de paso que las actuaciones judiciales pudieran llevar a su detención.
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Inclusive, ante la dificultad jurídica del proceso, Ricaurte Gómez habría solicitado “reestructurar los honorarios” duplicando las sumas acordadas inicialmente de 380 y 800 millones de pesos.
“Entre 2015 y 2016 Ricaurte Gómez habría instruido a Gustavo Moreno Rivera para que contactara al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien tenía a su cargo la tramitación de las investigaciones al interior del despacho del magistrado Gustavo Malo. El objetivo de dicho acercamiento era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos y evitar su posible captura”, agregó el organismo.
Por cuenta de todo el entramado, la Fiscalía determinó que las indagaciones preliminares contra los congresistas estuvieron dos años sin avances.
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