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Durante las Audiencias de Reconocimiento del Subcaso Antioquia, parte del #Caso03 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), varios exmilitares del Batallón de Artillería N.º 4 “Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES) expusieron, bajo juramento, pormenores de un entramado de violencia y crímenes de Estado registrados entre los años 2002 y 2007. El testimonio de Juan Carlos Quiroz Osorio —quien fungió como capitán, asistente y luego jefe de operaciones del BAJES— fue clave para dilucidar el funcionamiento de una vivienda ubicada entre Granada y El Santuario, conocida dentro de la institución castrense como la “casa estudio”. Según Quiroz, este inmueble operó como un centro de secuestro y preparación de personas vulnerables, la mayoría habitantes de calle engañados en Medellín, que eran retenidos para luego ser presentados falsamente como bajas en combate.
Los relatos brindados por los comparecientes ante la JEP incluyeron detalles estremecedores: allí, en la casa estudio, las víctimas eran retenidas, alimentadas, cambiadas de ropa y “peluquiadas” antes de ser llevadas a zonas rurales para su asesinato, práctica que encubría ejecuciones extrajudiciales bajo la apariencia de operaciones militares legales. Rubén Briam Blanco Bonilla, comandante de la batería ‘Atacador’ del BAJES entre 2003 y 2004, aceptó la responsabilidad institucional en la estigmatización de los pobladores de Granada, resultado de directrices que asociaban a toda la comunidad con grupos armados.
Un aspecto relevante del proceso ha sido el reconocimiento ante los familiares de las víctimas, como ocurrió con Nelson Carvajal Chisco. En un ejercicio de justicia restaurativa, Carvajal confesó participación directa en el asesinato y desaparición forzada de dos menores, pidiendo también reivindicación para otras víctimas, cuyas historias de vida fueron truncadas por el accionar criminal dentro de la fuerza pública.
El testimonio de Juan Pablo Hurtado Mariño, comandante de pelotón, aportó información sobre la Masacre de San Francisco: la operación, donde fueron asesinadas varias personas, se llevó a cabo con acompañamiento de guías paramilitares, un fenómeno que explicitó la connivencia sistemática entre el Ejército y grupos de autodefensa durante esas operaciones.
Otra confesión relevante fue la de Villegas Cano, quien reconoció haber dado órdenes directas de asesinar a personas que luego eran disfrazadas como combatientes, incluyendo menores de edad; estas acciones eran apoyadas por armamento y vestimenta suministrados por organizaciones paramilitares, además de la colaboración de miembros del Ejército.
Las audiencias también revelaron cómo la presión ejercida desde comandos superiores impulsó lo que el coronel retirado Juan Carlos Piza Gaviria denominó la “política de facto del conteo de muertos”. La JEP documentó que entre 2002 y 2007, integrantes de seis batallones implicados asesinaron a 589 personas, de las cuales 228 sufrieron desaparición forzada y 111 continúan desaparecidas. El propio Piza, quien estuvo al mando del Grupo Mecanizado “Juan del Corral”, fue enfático al identificar la responsabilidad de generales que, desde la IV Brigada, exigían superar los resultados operacionales de sus antecesores, instaurando una dinámica de muerte avalada desde el alto mando.
Este proceso de reconocimiento, que continuará en Medellín, busca esclarecer y atribuir responsabilidad institucional sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por otros batallones de la IV Brigada.
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
Muchos lectores pueden preguntarse qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz en el contexto colombiano. La JEP es un órgano creado tras el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, con el objetivo de investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Su trabajo es especialmente relevante para esclarecer patrones de violencia, reconocer la verdad sobre los crímenes y sentar las bases para procesos de reparación y no repetición. Así, audiencias como las realizadas en Antioquia sirven como herramienta fundamental para reconstruir la memoria colectiva y buscar justicia para las víctimas de estos hechos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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