El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Hotel Soacha Plaza, antiguo símbolo del poderío de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del histórico cartel de Cali, fue recientemente recuperado por el Estado colombiano. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar bienes incautados al crimen organizado, tomó posesión de esta propiedad ubicada en Soacha, al sur de Bogotá, tras una orden de extinción de dominio emitida en 2024. Inicialmente, la administración de la SAE estaba dirigida a dar un uso institucional a los bienes decomisados, pero el inmueble fue rentado a la administración del Hotel Soacha Plaza, quienes posteriormente subarrendaron la propiedad a terceros de manera no autorizada. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, este acto supuso un incumplimiento de las obligaciones establecidas con el Estado y generó ingresos irregulares.
Frente a esta situación, la SAE actuó de manera inmediata y ordenó la recuperación del inmueble, con el objetivo de ponerlo efectivamente al servicio institucional. La decisión tiene como propósito principal fortalecer la presencia de la institucionalidad en Soacha; por ello, el inmueble será cedido a la Personería Municipal, que lo usará para establecer una nueva sede. Esto permitirá brindar servicios gratuitos de control y defensa de los derechos humanos a la ciudadanía, contribuyendo así a la consolidación de mecanismos más accesibles y eficaces para la población que requiere acompañamiento en estos temas.
El proceso de desalojo implicó la intervención coordinada de diversas entidades públicas, tales como la Alcaldía de Soacha, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia. Todos los procedimientos fueron realizados garantizando el respeto absoluto por los derechos de las personas presentes en el lugar, según información proporcionada por la SAE.
Catalina Serrano, directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, subrayó que la recuperación del Hotel Soacha Plaza es parte del compromiso institucional de administrar correctamente los bienes del Estado. Serrano sostuvo que la entidad no tolera la explotación indebida de este tipo de activos y está decidida a asegurar su uso legal y transparente.
El caso del Hotel Soacha Plaza no es un hecho aislado en Colombia. Recientemente, en noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó dos predios —“La Lorena” y “La Gloria”—, con una extensión total de 536 hectáreas, en Zarzal, Valle del Cauca. Estos terrenos, que antes pertenecían a Jorge Tulio Arango, presunto colaborador de Diego Montoya, alias “Don Diego” (líder del Cartel del Norte del Valle), fueron asignados a 190 familias de la organización Minga de Cali luego de que se confirmaran los nexos de Arango con el narcotráfico. Según documentos legales y reportes de agencias estadounidenses, dicha organización criminal logró enviar más de 1,2 millones de libras de cocaína a Estados Unidos entre 1990 y 2004, con un valor aproximado de 10 mil millones de dólares.
La transferencia de estos bienes fue resultado de amplias reuniones entre el director de la ANT, Felipe Harman, y comunidades indígenas y afrodescendientes del Valle del Cauca, quienes han enfrentado históricas dificultades para acceder y permanecer dignamente en la tierra. Esta acción responde a las demandas de estos pueblos que solicitan garantías para la tenencia de sus territorios y la posibilidad de vivir y trabajar en ellos con dignidad.
¿Qué supone la extinción de dominio y cómo contribuye a la recuperación de bienes ilícitos en Colombia?
En el contexto colombiano, la extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado confiscar bienes utilizados o adquiridos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico. Su objetivo es debilitar las estructuras criminales privándolas de sus recursos materiales, asegurando que estos activos sean redirigidos a fines sociales e institucionales. Como muestra el caso del Hotel Soacha Plaza, la correcta aplicación de la extinción de dominio favorece no solo el combate a la delincuencia organizada sino también el fortalecimiento de la presencia estatal y la reparación social.
De esta manera, el futuro de estos activos incautados plantea interrogantes sobre el impacto real y sostenible que el uso institucional puede tener en las comunidades locales y en la lucha de Colombia contra el legado de la criminalidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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