Las duras palabras del organismo defensor de derechos humanos se dieron este martes desde Ginebra, donde condenaron el asesinato del desmovilizado de las Farc Dimar Torres a manos de un suboficial del Ejército el pasado 22 de abril.

“Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia”, dijo la ONU en un comunicado.

Por eso, los expertos hicieron un llamado a las autoridades “con el fin de proteger los derechos y libertades de los ex combatientes reincorporados de las Farc, como a sus familiares, en el momento de su transición a la vida civil”.

También pidieron investigaciones y enjuiciamiento justos e imparciales por asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas de armadas nacionales y/o grupos armados. Y añadió:

“Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida. El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”.

La oficina del Alto Consejero dijo que el Gobierno no ha incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc y que sí viene “haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”.

Además, las palabras dela ONU motivaron la respuesta del Gobierno, y desde la Casa de Nariño, Archila les dijo a periodistas:

“Esa es una manifestación, en nuestra opinión, absolutamente infundada y además irresponsable porque ellos no han tomado las medidas necesarias para poder hacer una verificación de los hechos. […] Eso muestra aún más la irresponsabilidad y la ignorancia con que estos señores están actuando. Nosotros tenemos no una sino muchas formas de dar esas alertas”.

“Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”, añadió.

El Gobierno también señaló a los Relatores Especiales de que su actuar “no corresponde con los criterios de actuación establecidos en el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos”.

En el comunicado aseguran que “llama la atención la ausencia de contrastación de los hechos en el mayor grado posible a partir de diversas fuentes, pertinentes y creíbles”.

Por último, señalaron que redoblaran el trabajo “para continuar robusteciendo los anillos de seguridad de los Espacios Territoriales donde se encuentran los ex integrantes de las Farc”.