El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente encuentro de exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizado en Valledupar, Cesar, entre el 22 y el 24 de octubre, representa uno de los pasos más relevantes en la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Este evento fue organizado en una colaboración entre el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) y tiene como objetivo definir el papel de los exjefes paramilitares como gestores de paz. El marco legal vigente para esta labor lo constituyen la Ley 2272 de 2022 y la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, la cual dicta los procedimientos para la desmovilización, verdad, justicia, reparación y no repetición dentro del proceso de paz colombiano.
La historia de la desmovilización paramilitar, especialmente desde el proceso de Santa Fe de Ralito hace dos décadas, está marcada por procesos incompletos y heridas abiertas en la sociedad colombiana. El encuentro en Valledupar se constituye como el primer intento serio desde las instituciones para cerrar este prolongado ciclo. Según reportes de El Espectador y otros medios nacionales, en mayo pasado ya se había instalado simbólicamente una mesa en Córdoba bajo el liderazgo del entonces comisionado Otty Patiño, pero esta nueva reunión intenta avanzar hacia compromisos más detallados y efectivos en términos de verdad, justicia y reparación.
Uno de los puntos más relevantes que se abordaron fue la posibilidad de modificar o actualizar el marco legal que regula el proceso de Justicia y Paz, adaptándolo a los desafíos que representa el cierre del proceso con los paramilitares. También se espera de los exjefes un aporte más completo de información sobre crímenes del pasado, colaboración en investigaciones aún pendientes y datos que contribuyan a la ubicación de fosas comunes y víctimas desaparecidas, todo esto registrado en reportes de medios y versiones oficiales.
El ministro del Interior, Iván Benedetti, enfatizó que la información compartida por los excomandantes podría afectar a la actual clase política, ya que existen señalamientos sobre la colaboración entre paramilitares y algunos funcionarios y representantes en ejercicio. Estas revelaciones podrían tener repercusiones directas en futuros procesos electorales, según reportó Infobae. Además, se ha resaltado la importancia de fortalecer los mecanismos de recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas, con el fin de destinarlos a la reparación de las víctimas del conflicto.
Sin embargo, el proceso no está exento de críticas. De acuerdo con diferentes organizaciones de víctimas, falta claridad sobre los mecanismos de participación y existen temores respecto al retorno de protagonismo de los antiguos comandantes paramilitares, lo cual podría deslegitimar la búsqueda de una paz verdadera e incluyente. Aunque este encuentro representa un avance hacia el cierre definitivo del capítulo paramilitar en Colombia, se mantiene la demanda de mayor transparencia y participación social para consolidar la reconciliación nacional.
¿Qué espera la sociedad civil de los encuentros de paz con exjefes paramilitares? La sociedad civil colombiana, especialmente el grupo de víctimas del conflicto, sigue de cerca cada avance y promesa referente al proceso de paz. La verdad sobre acontecimientos pasados, la reparación de daños y garantías de no repetición son exigencias recurrentes en cada espacio de diálogo, pues representan la base para restablecer la confianza en las instituciones y el tejido social. Numerosas organizaciones reclaman un protagonismo auténtico en las mesas de negociación y en la supervisión de los acuerdos alcanzados.
En este contexto, el reto para el gobierno y los exjefes paramilitares es responder a la expectativa de que estos encuentros deriven en resultados concretos: verdad plena sobre el pasado, responsabilidad por los crímenes cometidos y mecanismos efectivos para la reparación de más de medio millón de víctimas. Un proceso incluyente, transparente y verificable es fundamental para evitar percepciones de impunidad y garantizar una paz duradera.
¿Qué significa la Ley 975 de 2005 y cuál es su relevancia? La Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, establece los procedimientos jurídicos para la reintegración a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, como las autodefensas y la guerrilla, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta Ley estipula beneficios judiciales a cambio de verdad, confesión plena, reparación a las víctimas y sometimiento a penas alternativas, lo que ha sido vital en procesos de paz del país.
En los debates actuales, surgidos de encuentros como el de Valledupar, se considera importante discutir su posible reforma o adaptación, dado que esa legislación cumplió un papel central en la primera etapa de desmovilización pero enfrenta críticas respecto a su capacidad para garantizar justicia y reparación completas. Por eso, tiene especial vigencia en la agenda política y social colombiana de hoy.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
