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Una nueva denuncia sobre otro presunto entramado de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero, esta vez alrededor de Afinia, sacudió la opinión pública en Medellín este lunes, luego de que el alcalde Federico Gutiérrez entregara en rueda de prensa algunos detalles que, según dijo, son apenas la punta del ‘iceberg’ de todo el material que entregó a la Fiscalía.
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Según señaló Gutiérrez, a sus manos llegó un testimonio que asegura que la gerencia de Afinia habría sido negociada durante el mandato del exalcalde Daniel Quintero a cambio de un pago de 8 millones de dólares. Según esta versión, dicho movimiento habría permitido que a la gerencia de esa compañía llegara el polémico exconcejal de Bogotá, Javier Lastra Fruscaldo, quien presuntamente habría liderado una operación para direccionar contratos que habrían terminado afectando el funcionamiento de la compañía.
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También aseguró Gutiérrez que esta persona, que aseveró haber presenciado cómo se vendió la gerencia de Afinia en 2021, aseguró que en dicho entramado estuvo involucrado una persona vinculada al carrusel de la contratación de Bogotá, un grupo de empresarios venezolanos y un exsecretario de la administración Quintero, quienes habrían celebrado reuniones en un famoso restaurante ubicado en la Avenida Las Palmas en la que se acordaron los detalles del pacto. Luego de aquel encuentro, se habrían realizado reuniones posteriores en clubes de Medellín y Barranquilla para sellar esa presunta venta.
Pero, ¿quiénes son los venezolanos que estarían metidos en este lío de presunta corrupción del que ahora la Fiscalía tiene información clave? Aunque Gutiérrez señaló en rueda de prensa que no entregaría los nombres para no entorpecer las investigaciones, ya desde septiembre de 2023 EL COLOMBIANO había contado la historia de la llamada “junta” que Daniel Quintero conformó con tres empresarios del vecino país y aunque en aquel momento los testimonios se centraron en otros contratos que habrían caído en su poder, también surgió el nombre de Afinia.
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Los empresarios de la llamada junta son Rafael Carrero Valentier y Eduardo Rodríguez Hernández, conocido como ‘Lalo’, y Juan Biord Pereda. Su historia y la forma en la que aterrizaron en Medellín y terminaron vinculados con Quintero la detalló este diario hace más de seis meses, al igual que reveló la manera cómo habría operado durante la administración de Quintero esta suerte de organigrama, del que también hacía parte Albert Corredor, y alrededor del cual habrían girado multimillonarios contratos en varios frentes del conglomerado público de Medellín.
Entre todos estos, el nombre más importante sería el de Carrero, miembro de una familia que se codeó con Hugo Chávez en cuyo mandato se amasó una gran fortuna que, tras la muerte del comandante, se volcó a la oposición y expandió sus negocios que incluyen la propiedad de los Marlins de Miami. ‘Lalo’ Rodríguez también vivía del poder en Venezuela y alcanzó a obtener más de 2,5 billones de bolívares en contratos con la estatal petrolera venezolana, entre 2011 y 2017, hasta que la inestabilidad política del país lo obligó a huir para salvar su vida y aterrizó directamente en su avión privado en Medellín.
Biord, por su parte, ha sido conocido como un subordinado de Carrero, encargado de cobrar comisiones, aunque en el mundillo en el que se mueven su papel se le conoce como “operador político”. El enlace entre Carrero y Daniel Quintero fue Albert Corredor, pues este último se conoció en Miami con el hijo de Carrero (del mismo nombre) mientras adelantaba una maestría.
Fue Corredor quien acercó a Carrero el proyecto político de Quintero quien por esos días pretendía convertirse en alcalde de Medellín. Una vez en el cargo, los contratos desde la alcaldía para este grupo de empresarios llegaron a manos llenas. En 2020, el año en el que Quintero asumió como alcalde, Lalo, Biord y Andrés Piñero, otro personaje venezolano, matricularon siete empresas en el Valle de Aburrá que incrementaron su patrimonio sin tener empleados, sucursal o bienes.
Pero el negocio más jugoso que se habría gestado entre esa junta fue el contrato que EPM le otorgó a Canacol para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto, por un valor de cerca de 5 billones de pesos, y por el cual, según le relataron dichas fuentes a EL COLOMBIANO, se manejó una comisión de 50 millones de dólares. Además de Afinia, esta junta también habría tomado decisiones de negocios alrededor de Plaza Mayor.
No hay que olvidar tampoco que la famosa oficina 802, ubicada en el exclusivo edificio C13 en El Poblado, se hizo célebre durante la campaña a las regionales de 2023 porque desde allí se realizaron 39 pagos a Facebook para propaganda política en favor de Esteban Restrepo. Al escarbar sobre la propiedad de esa oficina nuevamente afloraron Lalo Rodríguez y Juan Biord.
Todo esto será objeto de investigación por parte de la Fiscalía, quien será la que siga el rastro que señala el explosivo testimonio de la persona que abrió esta nueva caja de pandora en torno a la administración de Daniel Quintero.
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