Como Mauricio Hoyos Ortiz fue identificado el empresario señalado de estafar en más de 500 millones de pesos a la compañía de seguros ARL Positiva. A este hombre se le imputaron los delitos de estafa agravada por recursos de seguridad social, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y omisión de agente retenedor, según informó El Tiempo.
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A Hoyos Ortiz se le ordenaron la suspensión del poder dispositivo sobre seis cuentas bancarias y un apartamentos. Este comerciante burlaba la compañía de seguros a través de la creación de varias empresas de obras civiles en Cali, que tenían como características nombres y direcciones similares, solo variaban en un número o digito, de acuerdo con el rotativo.
“Esas empresas vienen vinculando trabajadores de la construcción, obreros, para dicha labor y los emplea con una remuneración del salario mínimo más todas sus prestaciones”, señalaron las autoridades en la audiencia contra Hoyos Ortiz.
Este empresario, según los investigadores, ha venido empleando a trabajadores y se ha aprovechado de cada accidente laboral, por insignificante que parezca, para hacer cobros indebidos por incapacidades a la ARL Positiva, compañía estafada, de acuerdo con el citado medio.
Y es que Hoyos Ortiz se aprovechó de la figura que tienen las aseguradoras, las cuales tienen la obligación de pagar la incapacidad del trabajador con el 100 % de su salario que consigna el empleador, para que este a su vez pague la ausencia o los honorarios a través de la nómina, según el periódico.
Los investigadores expusieron que, cuando el accidente laboral ocurría, Hoyos alteraba el sistema y aumentaba el ingreso base de cotización de manera abrupta. Incluso, llegó a incrementar la base salarial en hasta un 1.800 %. Por ejemplo, en un caso de un trabajador que ganaba 1’600.000 pesos, se reportó como que ganara 21′.600.000 pesos, valor que finalmente es el que transfiere la ARL por concepto de incapacidad, de acuerdo con el citado diario.
“De esta manera, con incapacidades de nueve trabajadores ha obtenido ingresos irregulares en los dos últimos años por casi
$ 500’000.000, que han entrado efectivamente a las cuentas de las empresas, pero solo se le pagó al trabajador lo correspondiente al salario mínimo”, dijo la Fiscalía en la audiencia.
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