Inicialmente, funcionará por un término de quince años, pero podrá ser extendida por cinco más, y su objetivo es conocer los hechos cometidos por agentes de la fuerza pública y miembros de las Farc.

También podrán acogerse los agentes del Estado que no hayan sido miembros de la fuerza pública y los terceros civiles que se acerquen voluntariamente a la JEP.

La jurisdicción se centrará en las víctimas de “graves violaciones” a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario mientras analizan qué casos aplican para este mecanismo y no para la justicia ordinaria, por lo que, según Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, demuestra que “no habrá impunidad”.

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Dentro de esa categoría se incluyen “aquellos hechos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado que pueden ser considerados graves y representativos” como genocidio, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

También se incluyen la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad.

La JEP establecerá sanciones con enfoque restaurativo como trabajos y obras relacionados con el desminado o la reparación de infraestructuras. Además, podrá decretar medidas de reparación simbólica.

La JEP está compuesta por tres Salas de Justicia: la de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de Determinación de los Hechos y Conductas; la de Definición de Situaciones Jurídicas y la de Amnistía o Indulto.

Entre las sanciones que impondrá están las “propias”, aquellas que implican reparación del daño causado e incluyen restricción de la libertad en establecimientos no carcelarios de cinco a ocho años y las “alternativas”, que suponen penas de prisión por el mismo periodo de tiempo.

Finalmente, se incluyen sanciones “ordinarias”, que suponen una privación de la libertad en establecimiento carcelario de 15 a 20 años. Esa última sanción se impondrá a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables.

Con EFE.