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La lucha de la comunidad indígena Emberá Chamí Bakurukará por el reconocimiento territorial ha marcado un proceso clave desde noviembre de 2024, cuando treinta familias se asentaron en el corregimiento Isaza, en Victoria, estableciéndose sobre un terreno estatal de 400 hectáreas. Según relató Édison Benítez Cardona, gobernador mayor, este asentamiento cuenta con respaldo oficial del Ministerio del Interior mediante la Resolución 063 del 7 de marzo de 2025, instrumento legal que afirma su presencia y otorga capacidades de organización interna. Pese a este avance formal, la comunidad enfrenta obstáculos significativos: denuncian que el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) ha interrumpido la articulación con los programas sociales y estatales, al ausentarse de más de veinte reuniones en el último año, dificultando la consolidación de sus derechos y el acceso a servicios esenciales. La situación ha resultado en condiciones precarias, como la ausencia de agua potable, deficiencias en educación y salud, así como en infraestructura básica.
A esta problemática se suma la disparidad interna dentro del grupo Emberá, pues familias que permanecen en Viterbo han logrado conservar sus propiedades y beneficios estatales. Tal situación revela fracturas y desigualdades en la experiencia y el bienestar de los integrantes, agravando la cohesión comunitaria e intensificando los retos del proceso de reconocimiento, según lo reseñado por el medio LA PATRIA.
En el ámbito municipal, el alcalde de Victoria, Juan Alberto Vargas, subrayó que la tierra ocupada está bajo extinción de dominio, un trámite legal que impide su legalización e imposibilita la recepción formal de apoyos institucionales. Además, mencionó la existencia de otra comunidad Emberá Chamí establecida en una zona distinta dentro del municipio, lo cual incrementa la complejidad territorial y administrativa.
El origen de las tensiones se sitúa en la imposibilidad de organizar un resguardo indígena en Viterbo. Esto motivó el traslado parcial hacia Victoria, aunque la coexistencia de un grupo llamado “los fundadores” —sin identidad indígena reconocida— ha sido foco de conflictos por la selección de autoridades y la representación ante entidades estatales. El alcalde de Viterbo, Néstor Javier Ospina, indicó que la comunidad Emberá Chamí gestionó derechos sobre tierras administradas provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), generando reconocimientos legales parciales y conflictivos, como advirtió también el Ministerio del Interior.
El fondo de esta situación revela desafíos estructurales en Colombia: la fragmentación interna, la burocracia estatal para el reconocimiento de derechos y la ausencia de articulación efectiva con entidades responsables. El informe de la Fundación para la Educación y el Desarrollo Indígena (FUNDENI, 2023) expone que cerca del 40% de comunidades indígenas atraviesan disputas internas y procesos burocráticos lentos, afectando su acceso a derechos. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo (2024) reportó que la falta de servicios y de infraestructura adecuada impacta gravemente en la calidad de vida y la preservación cultural. La negativa del Cridec de abordar públicamente el caso, alegando que se trata de un “asunto interno”, resalta la opacidad institucional que rodea el conflicto.
Así, la experiencia de la comunidad Emberá Chamí Bakurukará evidencia los retos actuales para lograr autonomía, acceso efectivo a servicios básicos y reconocimiento territorial en contextos de dispersión interna y procedimientos estatales complejos. Organizaciones como la ONIC y estudios recientes abogan por fortalecer el diálogo intercultural, agilizar los trámites de titulación y cohesionar la representación interna para no obstaculizar el ejercicio de los derechos colectivos.
¿Qué implica que un predio esté bajo extinción de dominio?
Esta pregunta adquiere importancia porque los terrenos donde se asienta la comunidad Emberá Chamí Bakurukará se encuentran bajo esta figura jurídica, impidiendo la legalización y formalización de apoyos estatales. La extinción de dominio se refiere a la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes vinculados a actividades ilícitas, quedando bajo administración estatal para fines judiciales y sociales, hasta que se resuelva su destino definitivo. Este proceso ralentiza la legalización de territorios y retrasa la implementación de programas que mejoren la calidad de vida de comunidades indígenas asentadas en tales predios.
Además, la situación expone cómo los procedimientos legales pueden convertirse en doble obstáculo: primero, al frenar la garantía de los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables, y segundo, al dificultar la intervención coordinada de entes estatales y organizaciones sociales en contextos de urgencia.
¿Por qué existen disputas internas en comunidades indígenas durante procesos de reconocimiento estatal?
La pregunta surge de la fragmentación interna señalada en el caso de la comunidad Emberá Chamí Bakurukará y la dificultad para consolidar liderazgos legítimos. Los procesos de reconocimiento territorial implican instancias formales, definición de autoridades y representación oficial, lo que en ocasiones evidencia desacuerdos sobre quién debe negociar con el Estado o quién encarna la vocería legítima. Además, la presencia de grupos que no son reconocidos como indígenas, pero se involucran en el proceso, complejiza aún más la dinámica interna.
Estas disputas suelen ralentizar la consecución de beneficios colectivos y dificultan la garantía de derechos, ya que los organismos estatales dependen de la cohesión y legalidad interna de la comunidad para destinar recursos y soluciones. Así, la legitimidad de la dirigencia y la elaboración de acuerdos internos se convierten en factores determinantes para el éxito del reconocimiento territorial y social.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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