Andrade, que tiene la ciudadanía estadounidense, está preso en su vivienda de Bogotá, por su presunto nexo con la trama de corrupción de Odebrecht, en donde, según él, enfrenta una “intimidación constante” a través de escuchas y vuelos de drones.
En la carta, fechada el 13 de noviembre, cuatro días después de que Pizano muriera de un infarto en su casa, situada en Subachoque (Cundinamarca), Whitaker no solo pide “especial atención a la seguridad e integridad física” de Andrade, sino de su familia.
La legación diplomática declinó hacer comentarios sobre la “correspondencia diplomática”, mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó a la AFP que recibió la misiva, que “está en estudio”.
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Andrade es investigado por supuestamente favorecer a Odebrecht y su socio colombiano en la adjudicación de contratos, cargos que él niega.
El caso Odebrecht tomó un giro dramático en Colombia, a raíz de la muerte, el 8 de noviembre, de Jorge Enrique Pizano, auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para construir la millonaria autopista que conectaría el centro con el norte del país.
Tres días después, su hijo Alejandro falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de Pizano. Ambas muertes están en investigación.
Según la fiscalía, Odebrecht pagó en Colombia 32,5 millones de dólares en coimas a cambio de obras, una práctica que llevó a cabo en al menos 12 países, entre ellos diez latinoamericanos.
Seis personas han sido condenadas en el país por la trama de corrupción, que destapó internacionalmente la justicia estadounidense.
Pizano aseguró en una entrevista póstuma que el entonces abogado y hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, supo de las irregularidades del consorcio y no las denunció.
El exauditor tenía una relación personal y profesional con Martínez, que trabajaba como abogado del influyente banquero Luis Carlos Sarmiento, dueño de Corficolombiana.
Andrade también ha denunciado los “conflictos de interés” del fiscal Martínez, quien ha descartado renunciar al cargo pese a la presión política.
La Corte Suprema de Justicia evalúa nombrar un fiscal especial para que asuma la investigación.
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