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El pasado jueves 2 de octubre de 2025 se registraron disturbios alrededor de la Universidad del Valle (Univalle) en Cali, donde manifestaciones estudiantiles terminaron afectando un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 100 con Pasoancho. Según las declaraciones del secretario de Seguridad de Cali, Jairo Gracía, un grupo de encapuchados lanzó un artefacto que dañó el vidrio del local, aunque posteriormente las autoridades lograron restablecer el orden en esa zona de la ciudad. Este evento, reportado por el noticiero 90 Minutos, se suma a una serie de episodios que, en los últimos años, han asociado las protestas sociales con hechos violentos.
De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este tipo de violencia urbana se ha vuelto un fenómeno recurrente en Cali y en otras áreas urbanas de Colombia. El análisis de Pares advierte sobre la presencia de individuos ajenos a las demandas legítimas que se infiltran en movilizaciones para ejecutar actos vandálicos, lo cual repercute en la percepción de inseguridad de los ciudadanos y en la reacción de las autoridades locales. Estos escenarios complejizan la comprensión del fenómeno social, pues las protestas originalmente motivadas por causas ciudadanas o estudiantiles terminan mezcladas con episodios de violencia.
La Secretaría de Seguridad de Cali ha priorizado estrategias de policía comunitaria y mediación para atender estos eventos, aunque la respuesta institucional enfrenta el debate constante sobre cómo equilibrar el derecho constitucional a la protesta con la conservación del orden público. Investigaciones realizadas por académicos de la Universidad Nacional de Colombia subrayan la importancia de establecer protocolos diferenciados que permitan anticipar los riesgos y facilitar mecanismos de diálogo social preventivo, sobre todo en espacios universitarios donde existe una alta movilización juvenil y fuerte consciencia sobre derechos.
El impacto económico de estos hechos tampoco es menor. Según la Cámara de Comercio de Cali, los actos de vandalismo durante protestas contribuyen a un ambiente de incertidumbre para comerciantes y empresarios locales, afectando la inversión y el empleo. Las demandas del sector económico incluyen mejores políticas preventivas y mayor protección para asegurar el desarrollo sostenible del tejido comercial, tal como lo confirman sus reportes recientes.
Estos sucesos ocurren en un contexto nacional marcado por movilizaciones frente a reformas estructurales en educación, trabajo y políticas sociales. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirman que, en 2024, la percepción ciudadana de inseguridad en áreas urbanas aumentó en un 7%, un fenómeno parcialmente vinculado con la frecuente relación entre protestas y desórdenes públicos. Esta realidad interpela a los gobiernos sobre la necesidad de revisar y fortalecer las políticas públicas de gestión y garantías ciudadanas.
Por último, expertos del Instituto Reynolds de Periodismo, reconocidos por fijar estándares internacionales en cobertura informativa, resaltan que la precisión factual, el uso de fuentes confiables y la presentación objetiva de los hechos son elementos esenciales para evitar distorsiones que puedan profundizar las divisiones sociales derivadas de episodios como los vividos en Univalle. Así, los recientes acontecimientos constituyen un desafío no solo para la seguridad y gobernanza local, sino también para el ejercicio periodístico y la convivencia en el espacio público de Cali.
¿Por qué las protestas estudiantiles suelen estar asociadas a episodios de violencia urbana? El vínculo entre protestas estudiantiles y violencia urbana ha sido analizado principalmente por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su estudio sobre las movilizaciones en Cali. Según sus conclusiones, los movimientos sociales legítimos son, en ocasiones, perturbados por actores externos que buscan aprovechar el escenario para cometer actos vandálicos. Esta infiltración distorsiona los fines de la protesta, incrementando el clima de inseguridad. El fenómeno presenta riesgos tanto para la integridad de los participantes como para la percepción pública de las demandas sociales. Esta situación ha llevado a un debate constante sobre la responsabilidad de los organizadores de las marchas, la capacidad de las instituciones para identificar y aislar a los grupos violentos, y la pertinencia de estrategias policiales diferenciadas, especialmente en entornos universitarios como Univalle, donde la movilización política es respaldada por una alta conciencia de derechos y deberes ciudadanos.
¿Cómo afectan estos disturbios al desarrollo económico de las ciudades? La Cámara de Comercio de Cali ha documentado el efecto de los disturbios y actos vandálicos en el entorno comercial de la ciudad, señalando que, a pesar de tratarse de incidentes localizados, su impacto se multiplica a través de la disminución en la inversión y el deterioro del empleo. Los comerciantes afectados suelen experimentar pérdidas materiales directas, así como una reducción en la confianza de los inversionistas. Asimismo, los patrones de recurrencia de estos eventos en el contexto de protestas generan alarma entre empresarios y ciudadanos, quienes demandan del Estado medidas preventivas y mecanismos de respuesta eficaz. La garantía de seguridad en el espacio público es fundamental para el desarrollo sostenido y competitivo de las ciudades, especialmente en regiones que, como Cali, han sido escenario frecuente de movilizaciones sociales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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