En una carta enviada a Enrique Peñalosa, el Ministerio Público le recomendó adelantar un control efectivo en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y condicionar, en situaciones de alerta, la circulación de vehículos con más de 20 años de antigüedad y/o de combustión Diésel.
En 30 días, el mandatario debe entregar esa información e incluir las medidas preventivas, mitigadoras y correctivas necesarias para atender la problemática de aire en la ciudad.
La Procuraduría insistió en la importancia de crear y poner en marcha programas óptimos de reposición vehicular, para incorporar nuevas alternativas de movilidad en términos de sostenibilidad, tales como la adquisición de vehículos eléctricos o de energías limpias.
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Así mismo, requirió al alcalde para que a través de las autoridades de tránsito se verifique que los vehículos que circulan cumplan con los requisitos técnicos que exige la ley, especialmente en lo relativo a las emisiones de gases contaminantes.
La Procuraduría también recomendó al alcalde diseñar un plan de contingencia para atender futuras declaratorias de emergencia de los niveles de prevención o alerta en materia de calidad del aire, y realizar los estudios correspondientes para establecer los aportes de contaminantes por parte de emisiones fijas y móviles.
El órgano de control resaltó la necesidad de desarrollar campañas de educación ambiental, tendientes a la concientización de la población frente a las emisiones atmosféricas que se generan de acuerdo con los hábitos de consumo y el desarrollo de actividades diarias, así como la adopción de acciones para minimizarlas.
Finalmente, hizo un llamado de atención al alcalde a priorizar las medidas que permitan garantizar a calidad del aire que se respira en Bogotá.
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