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La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, señalado como presunto coautor del desplazamiento forzado de al menos 70 familias campesinas en la hacienda Bellacruz, ubicada en el sur del departamento del Cesar. Esta medida fue confirmada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a las víctimas de este proceso judicial. Marulanda Ramírez fue vinculado a la investigación en 2016 como persona ausente, luego de varios intentos sin éxito de ejecutar las órdenes de captura en su contra. Según explicó Cajar en un comunicado, la Fiscalía determinó que la detención era necesaria para asegurar la presencia del acusado en el proceso, evitar su fuga, impedir que continúen los hechos delictivos y proteger la integridad de la investigación y las pruebas recopiladas.
Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar, destacó que si bien este es un paso significativo en la búsqueda de justicia, Marulanda Ramírez aún no ha sido capturado y la orden debe hacerse efectiva. Según el colectivo, las pruebas demuestran que el acusado planificó y ordenó las operaciones que resultaron en el desplazamiento de los campesinos, considerados legítimos poseedores de baldíos de la Nación. Los hechos ocurrieron en febrero de 1996 en veredas de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. En esos lugares, miembros de grupos paramilitares llegaron a las viviendas de las familias campesinas, las forzaron a abandonar sus parcelas a través del uso de la violencia, incluida la destrucción de casas, quema de cultivos y robo de animales.
De acuerdo con la investigación citada por Cajar, la familia de Marulanda Ramírez anexó los predios a sus propiedades tras el desplazamiento. Se resalta que la Fiscalía acusa a Marulanda Ramírez de haber impartido órdenes ejecutadas por las autodefensas para afectar los intereses de 70 familias, quienes perdieron su proyecto de vida, bienes y tranquilidad. Además, el proceso penal señala su responsabilidad por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, bajo concurso homogéneo y agravado por coparticipación criminal.
Los testimonios recogidos en la resolución judicial detallan que los paramilitares acusaban a los campesinos de ser guerrilleros y les daban plazos de hasta cinco días o 24 horas para abandonar las tierras, bajo amenaza de ser convertidos en "objetivo militar". El 28 de septiembre de 1996, los hermanos Eliseo y Eder Narváez Corrales, que se rehusaron a irse, fueron asesinados. También se documentó la exigencia de pagos extorsivos, conocidos como "vacunas", de hasta 10.000 pesos colombianos por hectárea cada seis meses, que debían ser pagados en la casa principal de la hacienda, donde operaban los paramilitares.
¿Qué significa desplazamiento forzado de población civil en Colombia?
El desplazamiento forzado de población civil se refiere a la expulsión y traslado de un grupo de personas dentro del país, como resultado de amenazas, violencia u otras formas de coacción ejercidas por actores armados o terceros. En el contexto narrado, tal desplazamiento involucró la pérdida de tierras, bienes y proyectos de vida debido a la acción violenta de grupos armados.
¿Cuál es la situación judicial actual de Francisco Alberto Marulanda Ramírez por el caso Bellacruz?
Francisco Alberto Marulanda Ramírez enfrenta actualmente una orden de detención preventiva por su presunta coautoría en el desplazamiento de familias de la hacienda Bellacruz. Aunque la Fiscalía ha confirmado dicha orden, aún no ha sido capturado y permanece prófugo, lo que impide hasta el momento que avance el proceso judicial en su contra.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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