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Desde hace días se vienen dando puntadas de lo que sería la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, que le apunta a cumplir con una de sus principales apuestas desde la campaña electoral: un giro en la estrategia de la lucha contra las drogas.
Colombia+20 tuvo acceso al borrador de ese documento -que será presentado oficialmente en agosto- y que, desde su mismo título, ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’, muestra el cambio de enfoque y trae transformaciones sustanciales en los territorios como un tratamiento diferencial hacia los cultivadores de hoja de coca que no serán perseguidos judicialmente, podrán tener tierras que provengan de la extinción de dominio y tendrán subsidios para su sostenimiento mientras se hace el tránsito a la legalidad.
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Además, lo que será la nueva política nacional de drogas muestra una reforma en el abordaje de la salud pública, como la garantía a la detección oportuna de problemas por consumo de sustancias psicoactivas y la atención de calidad, especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
También se prevén espacios de cuidado y de consumo para la reducción de riesgos. En este apartado se afirma que habrá servicios de dispensación a través de “farmacias comunitarias” de medicamentos, como la naloxona, que puede revertir la sobredosis generada por opioides, pero que hasta ahora no tiene registro del Invima.
“A pesar de que el país ha seguido de la manera más estricta el modelo punitivo, lo ha hecho pagando “una cuota muy alta en la lucha contra las drogas, en términos de vidas humanas y de afectación al ambiente”.
Borrador de la política de drogas de Petro
Aunque la política involucra a más de 15 ministerios, direcciones y oficinas del Gobierno, fuentes de algunas de estas entidades le dijeron a este diario que hay desacuerdos con el Ministerio de Justicia por la falta de participación en la formulación de esta política, que actualmente está siendo discutida en el Consejo Nacional de Estupefacientes.
La semana pasada también recibió el voto de desaprobación del fiscal general, Francisco Barbosa, que la consideró más un “plan social y ambiental” y que no “contribuye al desmantelamiento de las estructuras criminales”.
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El borrador contempla en total ocho ejes de acción, entre ellos transformación territorial, un apartado sobre acciones para prevenir el deterioro del medio ambiente a causa de los cultivos de uso ilícito, parecido a lo que dijo Iván Duque en la ONU hace dos años. En ese punto crear corredores para la conservación, grupos móviles de restauración ambiental y un fondo para la reconversión de las Áreas de Especial Interés Ambiental.
Otros ejes son el de salud pública y prevención de riesgos, el de regulación justa -con especial énfasis en el cannabis medicinal y de uso adulto-, y el de liderazgo internacional de esta lucha. Asimismo, tiene un apartado de seguridad humana y paz total para “reducir los riesgos y las amenazas a la vida y al bienestar de las personas mientras se promueve un control estratégico del narcotráfico”.
Hay uno más sobre justicia social y dignificación con el que se busca “reconocer y buscar subsanar el daño a las personas y grupos sociales que han visto desproporcionalmente afectados sus derechos fundamentales por el narcotráfico y las políticas antidrogas”. Y otro acerca de la inclusión cultural y el cambio de narrativas con el que se pretende disminuir el estigma sobre los cultivadores y consumidores de drogas y “resignificar las prácticas asociados a las plantas que han sido calificadas como ilegales”, pero que son parte del saber cultural de algunos pueblos étnicos.
Ana María Rueda, experta en Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aseguró que aún no conoce el borrador, pero sí los ocho ejes clave que han sido tocados en algunas reuniones del Minjusticia. “A veces se piensa que este tema se agota en qué hacer con el consumo y los cultivos, por eso es positivo que se esté pensando en todos los demás temas relacionados: el medioambiente, la regulación, la seguridad, entre otros”.
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El documento de 116 páginas recoge un largo diagnóstico sobre los costos que ha significado el enfoque actual de la guerra contra las drogas que se ha prolongado “sin lograr las metas prometidas y dejando a su paso efectos colaterales problemáticos para Colombia y el mundo”, dice el borrador. Además, se hace énfasis en que a pesar de que el país ha seguido de la manera más estricta el modelo punitivo, lo ha hecho pagando “una cuota muy alta en la lucha contra las drogas, en términos de vidas humanas y de afectación al ambiente”.
En esta primera parte se especifica que la política de drogas será articulada con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que acoge “todos los principios y las decisiones”, así como “contenido y principales acciones” del punto cuatro de ese Acuerdo sobre la solución al problema de drogas ilícitas.
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Una fuente académica que conoció el borrador aseguró que “aunque esta política muestra un enfoque importante sobre la reducción de riesgos y daños, así como el cambio de narrativa en temas de drogas, no es clara en relación con los objetivos concretos que el Gobierno quiere lograr en sus cuatro años”.
El costo de este plan sería de unos de $18,7 billones, según documentos a los que tuvo acceso este diario.
Subsidios y tierras para quienes dejen los cultivos de uso ilícito
La estrategia para los territorios directamente afectados por el narcotráfico y por las políticas que se han implementado en Colombia incluyó por primera vez la participación directa de las comunidades.
Desde finales del año pasado, el Gobierno realizó 26 espacios territoriales donde hubo encuentros con cultivadores de hoja de coca, por ejemplo, en Putumayo, Catatumbo y Cauca, donde se aportaron propuestas de campesinos, comunidades afros e indígenas, entre otras, para la implementación de la política de drogas. Según el borrador, en cada uno de esos espacios participaron en promedio unas 100 personas.
El primer punto de este apartado será la contención de los cultivos, que dejaron de ser monitoreados por Estados Unidos. Para ello, el Gobierno prevé que los pequeños cultivadores se conviertan en sujetos de especial protección constitucional. Esto se traducirá en que las comunidades que se han dedicado a los cultivos de uso ilícito puedan ser propietarias de tierras.
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Algunos de esos predios podrían venir de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero con la condición de que sean para asociaciones u organizaciones que estén trabajando en procesos para dejar los cultivos de uso ilícitos. “Los predios inmersos en procesos de extinción de dominio que se encuentren bajo la administración de la SAE y que tengan vocación agraria, sean entregados a campesinos que decidan abandonar los cultivos de uso ilícito (…) El condicionante de esta propuesta será el desarrollo de esquemas asociativos”, se explica.
El otro punto es que se contempla la entrega de subsidio económico para quienes dejen de cultivar. “Esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico”, dijo esta semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Al respecto, Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la U. de los Andes, aseguró que es clave establecer unas condiciones claras para no crear incentivos perversos. “Debe haber una línea base clara de los predios donde hay cultivos y limitar los beneficios a ese tipo de información, porque de lo contrario -como ya ocurrió- puede que estos anuncios promuevan las siembras”, dijo Marín.
Para Isabel Pereira, coordinadora del área de Política de Drogas en Dejusticia, ese tipo de beneficios son indispensables: “Debido a los tiempos que toman los modelos agropecuarios de sustitución, el Estado debe garantizar las condiciones para que los cultivadores que arrancan las matas de coca tengan ingresos mientras el producto sustituto los empieza a generar”.
El costo de este plan sería de unos de $18,7 billones, según documentos a los que tuvo acceso este diario
Ese fue uno de los principales incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS), establecido en el Acuerdo de Paz. Si bien el borrador plantea como meta cumplir esa estrategia, hay preocupación porque la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos -entidad encargada de ejecutarlo- habría tenido un rol casi irrisorio en la formulación de la política de drogas, a pesar de que es la principal respondiente de varias de las apuestas de transformación territorial planteadas. De hecho, según conoció Colombia+20, esa falta de participación también habría generado desencuentros entre la dirección y el Ministerio de Justicia.
De otro lado, en la apuesta de transformación territorial también se estableció que los organismos de acción comunal recibirán dineros del Estado para contratar a miembros de la comunidad y excombatientes de las Farc para la realización de obras públicas y de infraestructura en territorios con cultivos de uso ilícito.
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La nueva política también contempla una serie de acuerdos llamados “Pactos productivos” con los que el Gobierno, el sector privado y economías populares trabajarán juntas para desarrollar proyectos comerciales en áreas con cultivos de uso ilícito. “Los campesinos, además de obtener beneficios por la venta de la materia prima, también obtendrán ganancias del producto final transformado”. Las empresas que se asocien comercialmente con las comunidades que deseen dejar atrás los cultivos para uso ilícito tendrán beneficios del Estado.
Este tránsito a otros tipos de cultivos no implica que no se contemplen usos alternativos de la coca -también del cannabis y amapola- transformados en fertilizantes, alimentos, entre otras, que lleve a lo que el Gobierno denomina la “industrialización de la coca”.
“En la Política Nacional de Drogas la coca es vista como un producto agrícola, a partir del cual se puede desarrollar una industria legal -que excluye la cocaína- en beneficio de las comunidades(…) Los mercados legales de la coca pueden crear una cadena de suministros alternativa que ayude a los campesinos”, dice el documento, en el que se agrega que se crearán empresas o sociedades de economía mixta, asociativa y popular, que impulsen la industrialización de la planta de coca.
Por último, habrá una línea especial de créditos y subsidios a través del Banco Agrario, Finagro, Findeter, Bancoldex o Fontur que proporcionarán líneas especiales de crédito o financiamiento para familias en procesos de tránsito a modelos lícitos de subsistencia.
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El subsidio, de acuerdo con el borrador, será entregado por el Departamento de Prosperidad Social para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación y educación, proporcionando un apoyo económico temporal condicionado. “Se priorizará su entrega a quienes hayan eliminado la totalidad de los cultivos de sus predios y hayan iniciado un proyecto lícito”, afirma el documento¿Cómo quedan los consumidores en la política de drogas?
Otro de los puntos nuevos de esa política es el abordaje sobre el tema de consumo y el cuidado integral de la salud pública. Según el borrador, se espera que menos niñas, niños, adolescentes y jóvenes consuman, pero que si lo hacen “sea lo más tarde posible”.
Esto incluye una prevención “dirigida a modificar el contexto físico, económico, social y virtual en el que las personas toman sus decisiones de consumo”; pero también un enfoque distinto con personas o grupos con múltiples factores de riesgo.
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Según el borrador, “el derecho a la salud es quizás uno de los derechos que más se vulnera a las personas que usan drogas cuando no pueden o no quieren dejar su consumo”, por eso se quiere propender por la garantía de detección temprana de problemas por sustancias psicoactivas y su tratamiento integral. También se contemplan espacios de consumo para la reducción de riesgos y la ampliación del acceso a los fines médicos de las sustancias psicoactivas.
De hecho, se planea modificar o derogar normas, políticas y barreras de acceso a sustancias controladas, como la naloxona, medicina que puede revertir la sobredosis generada por opioides y la metadona (analgésicos opioides que cambian la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor). “No solo (se haría) con fines paliativos, sino también a bienes, servicios, instalaciones e información para tratamientos, prevención del uso problemático de drogas y la reducción del daño entre las personas usuarias de drogas”, se detalla. Esto se haría mediante el modelo farmacia comunitaria, para facilitar adherencia y éxito terapéutico.
De acuerdo con ese enfoque, se buscará promover la investigación de nuevas sustancias psicoactivas y nuevas formas de administración de las mismas, como los vapeadores, para hacer más efectiva la respuesta institucional.
Los otros ejes de la política de drogas
Seguridad, tema clave
Uno de los ocho ejes del borrador de la política de drogas es el de seguridad humana y paz total. Se plantea reducir los riesgos de las comunidades mientras se fortalece la persecución a los líderes del narcotráfico. Además, a través de las negociaciones de paz, se busca reducir la criminalidad en las zonas más afectadas.
El medio ambiente
En cuanto a la conservación ambiental de las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito, el borrador dice que se van a promover fuentes de bioeconomía como alternativa a estas siembras. Se habla de corredores biológicos, reubicaciones, sustitución por bosque y un Fondo Internacional para la Reconversión.
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Dignificación
Una de las mayores novedades del borrador es que se le dedica todo un eje a la justicia social y dignificación. Allí se propone subsanar el daño a las personas que han sido afectadas por las políticas antidrogras y el narcotráfico. Esto va desde cultivadores hasta consumidores que vieron afectados sus derechos.
Cambio de narrativa
Desde su llegada a la Presidencia, Petro ha criticado el modelo de lucha contra las drogas. Entre los ocho ejes de la política está también el cambio de narrativas y la inclusión cultural, que buscan cambiar los imaginarios y prácticas discriminatorias y estigmatizantes relacionadas con drogas y plantas calificadas como ilegales.
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