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En una intervención meticulosa que abarcó los municipios de Armenia, Montenegro y Génova, la Policía Nacional logró desmantelar el grupo delincuencial conocido como ‘Galerías’, señalado como el principal distribuidor local de estupefacientes en zonas rurales y urbanas del Quindío, Colombia. Tras un arduo proceso investigativo liderado durante un año por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía Cuarta Especializada, se capturó a 16 integrantes de esta organización. De acuerdo con el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía del Quindío, el grupo representaba “el cáncer del departamento”, haciendo alusión al severo impacto que su actividad ejercía sobre la convivencia y la seguridad regional.
La operación se sustentó en técnicas avanzadas de investigación como la interceptación de 22 líneas telefónicas, la intervención de agentes encubiertos para compras controladas y múltiples grabaciones en video. Estas herramientas permitieron consolidar un expediente probatorio robusto, que desembocó en la imputación de cargos de concierto para delinquir y narcotráfico. La evidencia obtenida puso en evidencia el carácter meticuloso y jerárquicamente organizado de los involucrados, quienes mantenían un esquema criminal establecido y persistente que favorecía el tráfico local de drogas.
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue la arquitectura familiar y jerárquica con la que operaba ‘Galerías’. El grupo era liderado por ‘Yuliano’, quien coordinaba la compra y distribución de sustancias ilícitas, delegando funciones entre otros cabecillas, como ‘Stun’, encargado del bazuco en el inquilinato ‘La Orquídea’; ‘El Primo’, responsable del tráfico de base de coca desde el Valle del Cauca; y ‘Zapata’, quien controlaba la marihuana y el uso de armas para mantener el dominio territorial. De esta manera, la agrupación distribuía más de 1.600 dosis semanales, obteniendo aproximadamente 16 millones de pesos por semana en actividades ilícitas.
Este modelo de microtráfico con dinámicas familiares y control territorial no es un fenómeno aislado. Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía Nacional han identificado la consolidación de redes criminales conformadas por núcleos familiares, facilitando la distribución persistente de drogas a pequeña escala. El Observatorio de Drogas de Colombia, citado en investigaciones recientes, advertía sobre cómo esta modalidad intensifica los impactos sociales negativos, especialmente en regiones apartadas y vulnerables.
El prontuario judicial de los detenidos es significativo: 88 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y utilización de menores en delitos. Un aspecto especialmente preocupante, resaltado por el coronel Atuesta y reportado por entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el involucramiento de jóvenes de entre 16 y 19 años en actividades de microtráfico y sicariato, lo que agrava la problemática social y pone de manifiesto la vulnerabilidad juvenil ante redes criminales.
En el contexto departamental, la operación se inscribe en una respuesta institucional al crecimiento del microtráfico, fenómeno que, según el Ministerio de Defensa, ha incrementado tanto en consumo como en oferta en la región del Quindío. Pese al exitoso golpe contra ‘Galerías’, expertos citados por la Fiscalía y organismos internacionales subrayan la urgencia de estrategias integrales, centradas no solo en acciones policivas, sino en la prevención social, la inversión en programas comunitarios y el fortalecimiento de políticas de rehabilitación, como medidas fundamentales para impedir que nuevas estructuras reorganizadas tomen el lugar de las desarticuladas.
En suma, la desarticulación de este grupo en el Quindío constituye un avance relevante en la lucha contra el tráfico local de drogas, aunque deja visible la magnitud del desafío estructural que enfrenta la región. Se requiere una articulación más efectiva entre justicia, políticas públicas y participación social para enfrentar las causas de fondo que perpetúan este fenómeno.
¿Por qué el microtráfico tiene tanto impacto en la juventud de regiones como el Quindío? La penetración del microtráfico en comunidades rurales y urbanas afecta de manera directa a la juventud, tanto como víctimas como partícipes de estas redes. Estudios de la Fiscalía General de la Nación y organizaciones como el PNUD han documentado cómo la falta de oportunidades educativas y laborales, unida a la presión del entorno y la desestabilización social, convierte a los jóvenes en blanco fácil para su captación. En el caso puntual de ‘Galerías’, el uso de menores no sólo agrava el daño social, sino que perpetúa un ciclo delictivo difícil de romper sin intervención integral.
Este fenómeno se agrava en regiones apartadas por la limitada oferta de programas preventivos y de resocialización, por lo que los expertos insisten en que la lucha contra el microtráfico no puede ser exclusivamente punitiva. Una política pública que fortalezca la educación, el empleo juvenil y la cohesión comunitaria es clave para reducir la vulnerabilidad de esta población y limitar el crecimiento de nuevas estructuras criminales.
¿Qué significa “concierto para delinquir” y cómo se aplica en casos como el de ‘Galerías’? El término “concierto para delinquir” es una figura del derecho penal colombiano que hace referencia a la asociación de varias personas con el propósito de cometer delitos de manera organizada y continuada. En el caso de ‘Galerías’, el uso de esta figura legal permitió imputar a los capturados la responsabilidad de formar parte de una estructura jerarquizada y orientada exclusivamente al tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, según la acusación formal de la Fiscalía Cuarta Especializada.
Esta imputación, validada por las pruebas recabadas a través de interceptaciones, seguimiento encubierto y evidencia videográfica, es fundamental para combatir las organizaciones que tienen una distribución de roles y funciones internas, ya que permite sancionar no solo a quienes cometen el acto concreto (como la venta), sino también a quienes organizan, financian y sostienen la operación criminal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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