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“La contraloría no concluye que los proyectos no se hayan terminado, o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente hasta tanto no se disponga de la información que permita realizar el ejercicio de control fiscal, por lo tanto, hasta la fecha este informe se liberó bajo el concepto de limitación en el alcance – abstención de conclusión”, explica el ente de control.
No obstante, la entidad resaltó que, a raíz de una advertencia emitida en febrero de 2024, algunos de estos convenios han sido incluidos en la estrategia Compromiso Colombia, con el fin de asegurar su culminación. Asimismo, algunos contratos ya cursan procesos de responsabilidad fiscal desde la vigencia 2011.
Qué encontraron en el DPS
A pesar del acceso limitado, la Contraloría encontró 11 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $ 12.682 millones. La auditoría se centró en contratos del programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”, y encontró deficiencias graves en los procesos de seguimiento y control, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de estas.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público del municipio de Fundación, Magdalena, obra que culminó en septiembre de 2021; sin embargo, se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por $5.116 millones.
En el mismo sentido, el contrato para la construcción de la plaza de mercado del municipio de Coyaima, Tolima, tuvo un avance de obra del 51.38 % lo que generó un detrimento por $2.754 millones, valor que corresponde a los pagos realizados por Prosperidad Social al Ente Territorial, sin que la obra cumpla con su funcionalidad por cuanto no está terminada.
Por su parte, en San Andrés de Sotavento, Córdoba se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de viviendas que no cumplieron los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que habían sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio por $1.116 millones.
“La CGR ha evidenciado como una práctica deficiente de controles en el DPS el desarrollo de los convenios interadministrativos con los entes territoriales, sin definir obligaciones condicionantes para desembolsos, como por ejemplo el cargue de los expedientes en las plataformas públicas, toda vez que la transferencia de los recursos a los entes territoriales no los hace perder la condición de gestor fiscal”, concluye el informe.
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