El presidente Gustavo Petro fue denunciado penalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un contrato de 10.000 millones de pesos firmado por el Gobierno nacional para su defensa jurídica internacional, luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton. La acción fue presentada por el activista político Josias Fiesco, quien pidió que se investigue al mandatario por el presunto delito de peculado por apropiación.
Fiesco solicitó “admitir la presente denuncia y, por lo tanto, iniciar la correspondiente investigación contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación consagrado en el artículo 397 del Código Penal”. El denunciante sostiene que se habrían utilizado recursos públicos para cubrir honorarios legales relacionados con asuntos de carácter personal del jefe de Estado, y no con el ejercicio de sus funciones.
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La denuncia detalla que el contrato fue suscrito entre la Presidencia de la República y la firma internacional Amadeus Consultancy Limited. El objeto del convenio consiste en “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”.
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Otro punto que destaca es la polémica alrededor de la defensa legal del presidente. En su momento, Petro afirmó que el abogado estadounidense Daniel Kovalik asumiría su representación de manera gratuita en el caso relacionado con la Lista OFAC. Sin embargo, posteriormente se conoció que Kovalik trabaja para la firma que recibió el contrato millonario.
“El mismo Petro Urrego admitió haber utilizado recursos públicos para el pago de los mencionados abogados, que, según él, en un principio sería gratuito, pero terminó costando 10 mil millones de pesos”, se lee en el documento. Este hecho es uno de los ejes centrales de la denuncia presentada ante el Congreso.
De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si con la firma del contrato pudo existir un posible detrimento patrimonial. El organismo de control evalúa si la contratación cumplió con los principios de legalidad y adecuada destinación de recursos públicos.
Finalmente, la Comisión de Acusación deberá estudiar las pruebas allegadas, entre ellas la minuta del contrato con la firma británica, para definir si abre una investigación formal contra el presidente por este caso que ya desató una fuerte controversia política y jurídica.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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