El periodista indicó, en su columna del 28 de agosto de 2022 en Cambio, que la denuncia llegó al correo electrónico de Francisco Barbosa “hace dos semanas” y es “un escrito anónimo que tiene información sobre un posible delito de una antigua funcionaria” de la Contraloría: Walfa Constanza Téllez Duarte, esposa del fiscal.

La razón de la denuncia tiene que ver con un informe que presentó cuando era contralora delegada para el medio ambiente, en diciembre de 2020, sobre la nombrada planta de tratamiento de Bogotá (a la que la Cámara de Comercio también le puso la lupa) y en el que “reseñó 17 hallazgos administrativos y estableció un plan de mejoramiento para superar esas irregularidades”.

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Hasta ahí, todo bien. El problema es porque meses después Téllez dejó su cargo y apareció como directora ejecutiva de la Fundación Ríos Sostenibles que, según Coronell: “Suscribió un contrato por 190 millones de pesos con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre Canoas para prestarle asesoría ambiental y jurídica”.

Es decir, tal y como lo había detallado Noticias Uno cuando se refirió al posible delito, la esposa de Barbosa habría pecado por ser “juez y parte”, incurriendo en un “conflicto ético” y un “conflicto de intereses”. Aquí el video del informativo con lo que reportó en julio de 2022.

Por qué Francisco Barbosa está en apuros

El fiscal General de la Nación, que no se ha referido al tema de su pareja luego de la nueva columna al respecto, tendría que reportar la situación a la Corte Suprema de Justicia.

Eso porque, agregó Coronell, “debe declararse impedido” y la Corte tiene que elegir “un fiscal ad hoc para tramitar la denuncia que llegó a su correo electrónico”.

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El columnista señaló que, como el caso no solo es disciplinario, sino penal, de ser hallada culpable, Téllez —que ya se había visto involucrada en otro escándalo por viaje de compras a San Andrés— podría ser condenada a mínimo cuatro años de prisión.

“Por ley, la esposa del fiscal Barbosa no puede contratar por sí misma, o por interpuesta persona, ningún tipo de asistencia, representación o asesoría a una entidad que hubiera estado sujeta a su control como funcionaria. Así está establecido en el Código Disciplinario Único. El tema no es solo disciplinario también tiene carácter penal. La violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades establece una pena mínima de 4 años de prisión y una máxima de 12”, puntualizó el periodista.