A finales de julio de este año, la Alcaldía de Bogotá encendió las alarmas sobre el estado de las obras de la expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Salitre ,PTAR Salitre, cuyo valor supera los $ 1,3 billones.

La principal controversia en torno al proyecto se concentra en como deberá ser entregada la planta. En ese sentido, el Distrito asegura que las condiciones actuales llevarían a sobrecostos para asegurar su funcionamiento, mientras que el contratista asegura que la anomalías en algunos de los equipos hacen parte del funcionamiento normal de la operación de la PTAR.

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De esta manera, se anunció un nuevo acuerdo entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), responsable del contrato, y el Consorcio de Expansión de la PTAR Salitre (CEPS), el contratista a cargo del proyecto. Este consiste en la designación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), como un nuevo “amigable componedor”, que revisará el contrato de las obras.

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“Esta figura jurídica que estipularon las partes hará un análisis técnico y jurídico integral al Contrato de Obra 803 de 2016 y emitirá las decisiones que serán de obligatorio cumplimiento en búsqueda de la terminación exitosa del proyecto”, indicó en un comunicado la Procuraduría.

De esta manera, la CCB tendrá seis meses para realizar un análisis integral del contrato, buscando asegurar la operación de la planta y el beneficios de los ciudadanos de la misma. Por su parte, la Procuraduría anunció que durante este plazo continuará el seguimiento a la ejecución de la PTAR Salitre II, y que esta dispuesta a adoptar las instancias jurídicas necesarias para proteger la inversión de la Nación y el Distrito.

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Cabe señalar que hace una semana, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) fue designada también como un amigable componedor para determinar la controversia entre la CAR y el CEPS sobre la avería de equipos de la planta. En ese sentido, la SCI cuenta con seis meses para entregar un concepto con el que se definirá el futuro de la planta, y su operación.

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