La idea nació en el Ministerio de Justicia, que propuso crear un sistema denominado “justicia restaurativa”, con el cual víctimas y victimarios podrían sienten frente a frente para buscar un acuerdo que evite la prisión para el delincuente.

De hecho, el ejemplo que se utilizó en la exposición del plan hacía referencia a que si se trata de un celular hurtado, el ratero debería devolver el teléfono y como compensación también tendría que pagar la factura del mismo.

De esta manera, la cartera en cabezada por Néstor Osuna, pretende descongestionar los centros de reclusión del país.

La propuesta es tan polémica que ha generado voces en contra, como la de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, que es partidario del “castigo al delincuente”.

A su vez, hay quienes ponen el pecho por ella, como Yesid Reyes, exministro de Justicia que apuntó ante Noticias Caracol que esta medida sería solo para delitos menores.

“Homicidios, secuestros, lesiones personales con incapacidades grandes o con afectaciones sensibles son delitos que en ningún caso podrían tener un tratamiento distinto del derecho penal”, indicó.

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Al respecto, fue consultado Daniel Echeverry, investigador del Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), que emitió ante el mismo medio un particular concepto.

“Una persona que roba un celular le está fallando a la sociedad al cometer ese delito, pero es posible que la sociedad también le ha fallado en el proceso educativo y en las condiciones laborales y económicas que pueda tener”, manifestó.

Lo cierto es que el debate quedó abierto, pues hasta el momento todo no pasa de ser una propuesta.

En video, la declaración del investigador (minuto 0:58):

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