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Casi diez meses después de las primeras sentencias restaurativas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, el Gobierno expidió el Decreto 0652. Esta norma, publicada por el Ministerio de Justicia, establece las condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan con las sanciones propias y medidas impuestas por la JEP, enfocándose principalmente en dos grandes casos.
El decreto se orienta específicamente hacia el macrocaso 01, relacionado con los secuestros perpetrados por antiguos miembros de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y el macrocaso 03, que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por funcionarios del Estado. En particular, este último estudia los 127 casos de los llamados “falsos positivos” en el Batallón La Popa, entre 2002 y 2005, en Valledupar (Cesar), según información citada por El Espectador.
La financiación de las sanciones ha sido uno de los temas más sensibles. El Ministerio de Justicia determinó que los fondos para estos proyectos restaurativos provendrán principalmente de entidades públicas de la rama ejecutiva central y descentralizada, con la opción de sumar aportes de cooperación internacional y alianzas privadas, de acuerdo con las competencias legales. En agosto de 2025, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, informó que el Gobierno transfirió los primeros 20.000 millones de pesos colombianos (COP) para ejecutar las sentencias, pero advirtió la necesidad de otros 30.000 millones para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de administrar estos recursos.
Sin embargo, la Contraloría General advirtió que se requerirían alrededor de 500.000 millones de pesos para cumplir totalmente con la ejecución de las sanciones y avanzar en la reparación a las víctimas. Pese a las limitaciones presupuestales, el decreto indica que estas deben interpretarse de manera compatible con la obligación constitucional de implementar el Acuerdo Final de Paz.
El decreto también garantiza condiciones de dignidad para los comparecientes, asegurando que no constituyen beneficios económicos ni contraprestaciones por el servicio. Las entidades deben ofrecer capacitación y medios materiales, pero sin generar vínculos laborales o contractuales. Se prevé que las comunidades reciban campañas pedagógicas para fomentar la confianza y destacar el carácter restaurativo y reconciliador de las sanciones.
Entre otras disposiciones, las entidades que vinculen voluntariamente comparecientes asumirán costos médicos y de protección personal; los comparecientes deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el régimen correspondiente. La participación se formalizará por escrito, detallando actividades, horarios, seguros y restricciones. Finalmente, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y entidades territoriales deberán implementar protocolos de seguridad cuando lo solicite la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, evaluando riesgos individuales y colectivos para garantizar un desarrollo seguro de los proyectos restaurativos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo se financiarán los proyectos restaurativos de la JEP según el decreto 0652?
De acuerdo con el Decreto 0652, la financiación para los proyectos restaurativos de la Jurisdicción Especial para la Paz vendrá principalmente de entidades públicas de la rama ejecutiva, tanto central como descentralizada. También se contempla el apoyo de fuentes internacionales y alianzas privadas, pero siempre en el marco de sus competencias legales y constitucionales. La asignación presupuestal dependerá de la disponibilidad financiera prevista en la planeación fiscal, pero debe ser compatible con la obligación de implementar el acuerdo de paz.
¿Qué garantías y condiciones establece el decreto para los comparecientes de la JEP?
El decreto establece que el Estado debe garantizar condiciones de dignidad, seguridad y salud para los comparecientes, sin que se generen derechos laborales ni contraprestaciones económicas. Los comparecientes deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y tendrán cobertura mientras ejecutan proyectos restaurativos. Además, se establecen protocolos de seguridad y campañas pedagógicas en las comunidades involucradas, todo formalizado mediante documentos escritos que definen las responsabilidades y condiciones de participación.
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