El tablero político nacional se sacude con el inminente regreso de Daniel Quintero Calle a la escena pública, esta vez como el nuevo Superintendente de Salud. Sin embargo, su aterrizaje en el Gobierno de Gustavo Petro no será en una pista despejada; el exalcalde de Medellín llega con un pesado equipaje de procesos judiciales y disciplinarios que están a punto de pasarle factura.
La hoja de vida de Quintero ya aparece en el sistema de la Presidencia, pero mientras se alista para vigilar el sistema de salud del país, la Fiscalía General de la Nación prepara el terreno para llevarlo a juicio por el polémico caso Aguas Vivas. Según el ente acusador, Quintero habría participado en irregularidades durante la restitución de un lote en El Poblado, favoreciendo presuntamente a particulares con un cambio de uso de suelo que habría costado cerca de 40.500 millones de pesos.
El escrito de acusación contra el exmandatario es contundente. Se le señala de delitos como peculado por apropiación y prevaricato por acción. El próximo 29 de abril será un día definitivo, pues una jueza deberá decidir si acepta las nulidades presentadas por la defensa de Quintero o si, por el contrario, formaliza el llamado a juicio que marcaría un hito en su carrera política.
A este lío penal se le suma la reciente confirmación de la sanción impuesta por el procurador general, Gregorio Eljach. Quintero fue inhabilitado por seis meses debido a su recordada participación en política con la frase “el cambio en primera”, un hecho que, según el Ministerio Público, afectó el equilibrio democrático mientras ejercía como alcalde de la capital antioqueña.
La llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud se da en el momento más crítico del sector, con varias EPS intervenidas y una reforma que sigue generando choques en el Congreso. Sus críticos cuestionan si un funcionario con procesos abiertos por presunta corrupción en entidades públicas de Medellín es el perfil idóneo para vigilar los recursos de la salud de los colombianos.
Por ahora, el “pinturismo” celebra su llegada al Ejecutivo, mientras la oposición califica el nombramiento como una estrategia de Petro para blindar a uno de sus aliados más cercanos antes de que la justicia tome una decisión de fondo sobre su libertad y su futuro político.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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