La implementación del Decreto 0182 de 2026, que contempla la reorganización territorial del aseguramiento en salud y el traslado de afiliados entre EPS, podría generar riesgos financieros para clínicas y hospitales si no se garantiza el pago de las deudas pendientes con los prestadores.
Así lo advirtió la Unión de IPS de Colombia (Unips), que alertó sobre posibles afectaciones al funcionamiento de la red de atención en distintas regiones del país.
El gremio explicó que cuando una EPS reduce o abandona su operación en determinado territorio suele dejar obligaciones económicas con hospitales, clínicas y centros médicos que ya prestaron servicios a los afiliados.
Si los usuarios son trasladados a otras entidades sin que esas deudas se paguen previamente, las IPS tendrían que asumir presiones financieras mientras continúan atendiendo pacientes.
Además, existe preocupación porque algunos afiliados podrían ser trasladados a EPS que actualmente están bajo medidas de intervención administrativa. En estos casos, las instituciones prestadoras tendrían que renegociar contratos con entidades que ya presentan altos niveles de cartera vencida.
Ante este escenario, Unips solicitó al Gobierno que antes de autorizar traslados de afiliados se verifiquen y se paguen las deudas entre EPS e IPS.
También pidió establecer planes de pago supervisados por la Superintendencia de Salud y mecanismos de garantía financiera que protejan la estabilidad de clínicas y hospitales.
Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra
El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.
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