Pulido fue consultado por Noticias Caracol sobre las aparentes irregularidades que se encontraron en un contrato de 65 millones de pesos que firmó, el pasado 30 de marzo, con la empresa Comercializadora Sumitec Karch Ltda, para la distribución de alimentos y productos de aseo a familias de bajos ingresos que pasan necesidades en medio de la cuarentena.

La indagación que hizo el noticiero se debe a que esta empresa, en su página web, aparece con actividad de “mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.

“La empresa tiene un objeto amplio y nos especifica que ellos pueden distribuir, tienen las facultades y cumplen con la normatividad vigente para poder contratar y suministrar elementos de víveres, abarrotes…”, explicó Pulido.

El informativo dice que cuando intentó contactar telefónicamente a la firma no hubo respuesta, pero que la dirección es en el oriente de Bogotá y que luego de la denuncia llegaron “cientos de quejas” de otros municipios por la misma situación.

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Pero la mayor sospecha que recae sobre el contrato, según el noticiero, es el sobrecosto de varios de los productos que fueron entregados en los mercados, como el arroz, por ejemplo, en donde una libra que cuesta 4.250 pesos en un supermercado de la población (y 3.900 pesos en uno de Bogotá), en el contrato se facturó por 5.783 pesos.

Lo mismo pasó con el frijol, el espagueti y el pan. Y con el chocolate, donde la libra pasó de 4.950 pesos en el pueblo a 7.140 pesos en la factura. El cloro muestra una diferencia de 1.100 pesos a 4.309 pesos.

Al ser consultado sobre por qué no contrató con un supermercado del pueblo si era más económico —y habría alcanzado para darles a más familias— el alcalde se justificó diciendo que “los supermercados de acá no cumplen con los requisitos para poder contratar”.

Además, aseguró que la diferencia de precios tiene que ver con que cuando se firmó el contrato, hace una semana, ya estaba en vigencia el decreto de aislamiento “donde oscilaron bastantes productos entre unos y otros”.

Pero las explicaciones de Pulido, así como el contrato, están en la mira del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que en su cuenta de Twitter anunció que junto con la Contraloría se hará seguimiento a la contratación con recursos públicos “a cada uno de los 116 municipios del departamento”.

Este caso se suma al de la Gobernación de Arauca, en donde se firmó un contrato para alimentos con serios sobrecostos en los precios de los productos: pagó 19.950 pesos por una lata de atún, solo para poner un ejemplo.

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