El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó una inspección judicial el pasado jueves en la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío, Proyecta, indagando sobre los contratos de esta entidad de la gobernación del Quindío con el senador Mario Alberto Castaño Pérez, privado de la libertad —en este momento— y bajo indagatoria.
La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, FGN, fue en comisión y bajo órdenes de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la recopilación nacional de elementos materiales probatorios para el caso que enfrenta el congresista por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos públicos, peculado, concusión y estafa.
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A la par, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 31 bienes del senador, propiedades avaluadas en cerca de $5.000 millones y se encuentran ubicadas en Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Bolívar.
Sobre la presencia del CTI en las oficinas de Proyecta en el Centro Administrativo Departamental, CAD, el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío, Pablo César Herrera Correa, respondió: “No tengo declaraciones al respecto diferentes a las que en su momento se dieron, son las autoridades las que se deben pronunciar al respecto”.
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La extinción de dominio
Un fiscal de la dirección especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrito a la delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 21 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio que pertenecerían al senador Mario Alberto Castaño Pérez.
Funcionarios del CTI de la Fiscalía ocuparon los 31 bienes en diligencias realizadas en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).
Las propiedades tendrían un valor cercano a los $5.000 millones. En las verificaciones realizadas, se constató que algunas de estas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista.
Esta acción se da producto de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura del senador Castaño Pérez por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional.
El proceso investigativo inició en marzo del año en curso cuando la dirección especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, FGN, puso en evidencia un supuesto entramado ilegal y logró la judicialización de 10 personas señaladas de interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los $43.000 millones.
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