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La situación de seguridad en la región del Catatumbo evidencia una compleja intensificación del conflicto armado. Las autoridades confirmaron recientemente que un soldado del Ejército Nacional fue herido a raíz de un ataque con drones equipados con explosivos en la vereda Planadas, jurisdicción rural del municipio de Sardinata, ubicado en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información reportada por el propio Ejército, tras la explosión, el uniformado fue atendido por enfermeros especializados en combate y posteriormente trasladado a la ciudad de Cúcuta, donde se encuentra fuera de peligro. Las primeras investigaciones señalan al Ejército de Liberación Nacional (Eln) como presunto responsable de esta acción violenta, aunque la institución continúa el proceso de verificación para identificar a los autores materiales e intelectuales.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno que ha llamado la atención de las autoridades nacionales, especialmente por la sofisticación y letalidad que han adquirido los grupos armados. Según información publicada por El Espectador, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, intervino recientemente ante la plenaria del Senado de la República, hecho que da cuenta de la creciente preocupación en torno al uso de drones como instrumento de ataque. Durante su intervención, Sánchez presentó cifras y proyecciones de seguridad que fundamentan la solicitud de un presupuesto adicional de 3,7 billones de pesos colombianos (COP) para fortalecer el sector Defensa.
De ese monto, un billón estaría enfocado exclusivamente en el diseño y puesta en marcha de un escudo nacional antidrones, reflejando la gravedad y urgencia atribuida a esta nueva modalidad de agresión. Los 2,7 billones restantes serían destinados al mejoramiento de la movilidad, el entrenamiento especializado, la modernización de equipos, el aumento de horas de vuelo y el fortalecimiento estratégico de las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares.
Los datos que sustentan la petición de recursos pintan un panorama inquietante. Según reveló el titular de Defensa, en el año 2025 se registraron 8.395 ataques con drones en el territorio nacional. De estos, solo el 4%, equivalente a 333 atentados, logró su propósito destructivo. Sin embargo, el impacto humano de estos hechos continúa siendo alarmante: en promedio, cada dos días se reportó una víctima por acciones perpetradas con esta tecnología durante el mencionado año, resultando en 20 muertes y 297 personas heridas.
El enfoque gubernamental subraya la necesidad de evitar un agravamiento de las cifras durante 2026, precisamente un año señalado como clave para la seguridad y la democracia. Es por ello que el Ministerio de Defensa hace un llamado urgente a conjugar esfuerzos institucionales y contar con los recursos que permitan implementar soluciones tecnológicas y operativas ajustadas a la nueva dinámica del conflicto armado.
¿Qué desafíos plantea la utilización de drones armados para la seguridad nacional? - El empleo de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales representa un cambio significativo en la táctica del conflicto. Este fenómeno supone un reto considerable para las fuerzas de seguridad del país, ya que obliga a la actualización constante de equipos, estrategias y protocolos. Además, el desarrollo de tecnología antidrones se vuelve imprescindible para limitar los riesgos tanto para uniformados como para la población civil. Ante este panorama, la discusión sobre los recursos necesarios y la modernización de las Fuerzas Armadas adquiere un nuevo sentido de urgencia y relevancia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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