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La crisis que sacude al Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (IDREEC) ha puesto en evidencia no solo un problema de gestión, sino una preocupante emergencia social en el departamento. Más de 40.000 personas con discapacidad ven afectada su atención y derechos en medio de la parálisis del instituto, agravada por una deuda salarial que supera los 25 meses y la incapacidad administrativa para dar respuesta a las demandas de la comunidad. Como lo señaló la diputada Claudia Margarita Zuleta en entrevista con El Pilón, esta situación es tanto “calamitosa como vergonzosa”, y requiere no solo el pago de los salarios atrasados, sino una transformación estructural que garantice autonomía y eficacia futura en la atención a la población más vulnerable.
El trasfondo de esta crisis se extiende más allá de la coyuntura reciente. Según el informe “Inclusión y discapacidad en Colombia”, realizado este año por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Salud, los problemas financieros del IDREEC se arrastran desde hace más de una década debido a la falta de un portafolio autosostenible de servicios. Esto ha dejado a la entidad supeditada al presupuesto asignado por la Gobernación del Cesar y expuesta a recortes, retrasos y falta de inversiones clave en infraestructura y capacitación. Así, la cobertura y eficacia de los programas para personas con discapacidad resultan restringidas, reproduciendo brechas sociales en una región marcada por limitaciones económicas.
El coste humano de esta crisis es innegable. Reportajes hechos por El Pilón documentaron no solo las carencias materiales de los trabajadores del IDREEC, sino el deterioro de su salud mental en un clima de tensión constante. Los empleados, algunos de los cuales llevan décadas en el instituto, se han visto abocados a campañas solidarias como la “mercatón” para reunir dinero y han llegado a registrar casos de hambre y amenazas autoinfligidas, evidenciando el grado de abandono al que han sido sometidos. Esta situación se agrava por la negativa de la junta directiva a autorizar ajustes salariales legales mientras la deuda esté vigente, lo que podría provocar aún más demandas judiciales según advirtió la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión Pública de 2023.
A pesar de los discursos oficiales y la reciente aprobación de políticas inclusivas, persisten serias debilidades de gestión y supervisión en la administración departamental. Jorge "Popo" Barros, presidente de la Asamblea Departamental, reconoció el interés de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, pero subrayó la urgencia de una intervención decidida por parte del gobierno central para normalizar la situación. Expertos citados por la Fundación Carolina y la Revista CienciAmérica insisten en que el éxito de las políticas de inclusión social solo es posible cuando se cuenta con entidades institucionalmente robustas y sostenidas presupuestalmente, dos condiciones que hasta ahora han estado ausentes en el Cesar.
En el ámbito sindical, la expectativa se centra en la reunión programada con el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, vista por trabajadores y representantes como una oportunidad para exigir acciones concretas que pasan por la reestructuración o reemplazo del IDREEC, el pago inmediato de salarios y la creación de una estructura moderna y sostenible. Mientras tanto, la problemática del IDREEC se mantiene como ejemplo de los retos que enfrentan en Colombia las instituciones dedicadas a la inclusión y rehabilitación de la población con discapacidad, desafíos que requieren respuestas integrales, voluntad política y modelos de gestión innovadores para dejar de ser la última prioridad del gasto social.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué opciones existen para garantizar la sostenibilidad financiera de entidades como el IDREEC?
Esta pregunta es crucial debido a la recurrente dependencia del presupuesto público que enfrenta el IDREEC. Sin fuentes de ingresos propias y sin servicios autosostenibles, cualquier recorte presupuestario puede paralizar la atención a las personas con discapacidad. Diversos expertos en políticas sociales han sugerido que la sostenibilidad podría lograrse mediante alianzas público-privadas, cobros por servicios especializados o la creación de fondos rotatorios, todo dentro de un marco transparente y ajustado a la normatividad vigente. El fortalecimiento de capacidades administrativas y la capacitación en gestión de recursos resultan claves para evitar nuevas crisis financieras y garantizar la continuidad en la prestación de servicios esenciales.
Además, la experiencia de otras regiones en Colombia muestra que la existencia de un portafolio de servicios puede abrir puertas a convenios interinstitucionales y captar recursos externos, permitiendo enfrentar mejor las fluctuaciones fiscales locales. Superar la dependencia absoluta del financiamiento público no solo favorece la viabilidad institucional, sino que promueve la innovación y mejora de la calidad asistencial, aspectos señalados en informes de la Fundación Carolina y la Revista CienciAmérica.
¿Qué significa reestructurar o liquidar una entidad pública como el IDREEC?
El término “reestructuración” hace referencia a la modificación profunda del funcionamiento, personal y modelo administrativo de una entidad para corregir sus falencias y adaptarla a nuevas realidades. En contraste, “liquidar” implica cerrar formalmente la institución, saldar sus deudas (incluidos salarios) y crear, si es el caso, una nueva entidad con mejores condiciones para atender su función social. Esta alternativa suele plantearse cuando los problemas internos son estructurales y persistentes, y no pueden solucionarse con simples ajustes administrativos.
En el caso del IDREEC, la propuesta de liquidación busca generar un punto de quiebre para superar la actual crisis, garantizando los derechos laborales y redefiniendo el modelo con base en autogestión y transparencia. Sin embargo, estos procesos están sujetos a una estricta regulación y supervisión estatal, ya que impactan de manera directa tanto el empleo público como la garantía de derechos para la población con discapacidad, y requieren el acompañamiento de los entes de control, como la Contraloría General de la República.
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