Para este jueves estaba programado el inicio de la audiencia preparatoria en contra de Francisco Luis Correa Galeano, quien es señalado como el presunto responsable del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Cartagena.

(Vea también: Mujer que grabó agresión en El Dorado cuenta qué pasó antes; funcionario también dio puños)

Sin embargo, esta no pudo ser llevada a cabo debido a que la defensa del acusado, quien sería el principal cerebro del crimen ocurrido en mayo pasado, aseguró no haber terminado la revisión de las pruebas que tienen en contra del hombre.

“Como quiera que el volumen de los elementos dados en traslado por la Fiscalía delegada para el presente caso es tan voluminoso, la defensa y su equipo aún no han terminado de analizar los mismos […] y para la fecha de la audiencia no será posible estar listos”, dijo la defensa, según citó El País, en la solicitud que fue acogida por Luis Machado, juez cuarto penal del circuito de conocimiento de Cartagena de Indias.

Así las cosas, la audiencia fue aplazada y la nueva fecha estipulada para que se desarrolle quedó fijada para el 20 febrero de 2023, según dijo el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate.

La defensa de Correa explicó en un memorial dirigido al juez que este aplazamiento, el segundo que piden, no puede considerarse una “maniobra dilatoria ya que no lo es y en cambio sí una labor propia de la defensa”.

Lee También

La Fiscalía colombiana acusó formalmente en agosto pasado a Correa Galeano por el asesinato del fiscal Pecci y según Bernate este se declaró inocente en una audiencia previa y debe ir a juicio como presunto “responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

Cabe recordar que las otras cuatro personas capturadas por el homicidio aceptaron los cargos y, al llegar a un acuerdo, un juez los condenó en junio pasado a más de 23 años de cárcel en una sentencia que inicialmente era de 47, pero fue reducida a la mitad después de que los acusados aceptaran los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.