El 8 de mayo pasado, el presidente Gustavo Petro difundió un aviso con significativos resultados acerca de la lucha de su Gobierno contra el narcotráfico. Daba cuenta del aumento de incautaciones de clorhidrato de cocaína que calificaba como “exponencial”. Y comparaba dos periodos: entre 2018 y 2021 fueron 1’320.280 kilogramos incautados, mientras que entre 2022 y 2025 (es decir, durante su mandato) habían sido 2’142.799 kilogramos. Un aumento del 62 %.
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Esas cifras se podrían entender de al menos dos maneras básicas. Una es que se trataría del exitoso incremento de las acciones de las autoridades contra los grupos narcotraficantes (por lo que los seguidores del mandatario estallaron en júbilo al ver que sí se estaban dando los resultados esperados) y otra es que las incautaciones se hubieran disparado porque también se multiplicó la producción, debido principalmente al incremento de las áreas cultivadas.
Porque hay una constante que iguala al Gobierno del presidente Petro con los que lo precedieron: los resultados anunciados en materia de lucha contra el narcotráfico (incautaciones, capturas, destrucción de insumos y laboratorios) parecen combustible arrojado a la hoguera. Pese a que se muestran resultados, el narcotráfico parece fortalecido, pujante, sobre todo en las regiones donde delinquen los grupos armados organizados.
Ese panorama acaba de ser comprobado por el más reciente informe sobre Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) relativo al año 2023. Según ese documento, presentado este miércoles 25 de junio en Viena, la producción, incautación y el consumo de cocaína alcanzaron máximos históricos en ese año, y la principal causa es el aumento de cultivos ilícitos en el país. La producción ilegal se disparó con un aumento de 3.708 toneladas, casi casi un 34 % más que en 2022.
Esa cantidad representa 10 veces más que la cifra registrada 10 años antes, cuando tocó su cota más baja, establece el informe de la agencia de la ONU. En el año analizado (el 2023), Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale a dos tercios del total global, que fue de 376.000 hectáreas. En octubre del año pasado, la ONUDD había publicado otro informe en el que reportó que Colombia produjo 2.600 toneladas de cocaína en 2023, un aumento del 53% frente al año 2022.
Más coca donde hay disidencias de las Farc
El crecimiento en Colombia de la superficie dedicada al cultivo de hoja de coca se concentró principalmente en el suroeste del país, justo donde las disidencias de las Farc continúan campeando como Pedro por su casa e instrumentalizando a la población civil para enfrentarse a la fuerza pública (incluso secuestrando soldados por largos periodos de tiempo).
Por ejemplo, un informe de Leonardo González Perafán, director de Indepaz, publicado en febrero pasado, con base en datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de ONUDD, señaló que en el caso del departamento de Nariño esos cultivos están principalmente concentrados en municipios como Tumaco (22.999,56 hectáreas) y Barbacoas (4.367,78 hectáreas). Y en el caso del Cauca las zonas de mayor producción son Argelia (3.319,02 hectáreas) y El Tambo (9.392,21 hectáreas).
En total, según el informe de Indepaz, Nariño registra más de 64.989,81 hectáreas de coca, y Cauca cuenta con más de 31.843,71 hectáreas. Tras los 24 atentados terroristas de las disidencias de las Farc en Cauca y Valle del Cauca, las autoridades insistieron en que la parte alta de Jamundí está inundada de esos cultivos.
La ONUDD indica en el informe que entregó este miércoles en Viena que el aumento de los cultivos de la hoja de coca en el país se debe principalmente al incremento de la superficie dedicada a ese fin y a la actualización de datos sobre los rendimientos, que arrojaron una estimación de producción de aproximadamente 50 % superior a la estimada en 2022. Así, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca para 2023.
Según el informe de octubre de 2024, ONUDD reportó que en el país se produjeron 2.600 toneladas de cocaína en ese año, un aumento del 53 % con respecto a 2022. Y, a juzgar por lo que pasa en el vecindario, las proyecciones se antojan desalentadoras y aún más retadoras para el Gobierno Nacional.
En contraste con lo que pasa en Colombia, según ONUDD, la superficie dedicada a estos cultivos en Bolivia se estabilizó en 2023, mientras que la superficie destinada a la misma actividad en Perú disminuyó un poco. A esto se suma que el volumen de las incautaciones registradas a nivel global también tocó un máximo de 2.275 toneladas y el número de consumidores de cocaína también creció hasta los 25 millones frente a 17 millones registrados diez años antes.
Las incautaciones de alijos de droga y las capturas de narcotraficantes y jíbaros por supuesto que van en el sentido correcto de la lucha contra el narcotráfico, pero no son suficientes y no son el indicador más preciso. El control del orden público, el combate a organizaciones criminales como las disidencias de las Farc y el Eln —que se han fortalecido en el marco de la política de “paz total”— para disminuir su voluntad de delinquir, y la presencia efectiva del Estado en las zonas donde se produce la hoja de coca son los campos en donde el Gobierno Nacional debería hacer el énfasis.
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