El investigador afirmó en Semana que el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que enviaba la información sobre el caso al alto tribunal antes de que se conociera que los audios claves para la investigación ni siquiera habían salido de la sala de interceptaciones de la Dijín.

Solo después, el ente investigador envió a alguien a que recuperara los audios de la oficina que los había obtenido, pero entonces la pregunta que se hace el periodista es “¿qué le mandó [antes] a la Corte?”.

“Basura”, se contesta a sí mismo, y añade que lo que reposa en ese el tribunal supremo es información “manipulada”.

“Yo estoy seguro de que a la Corte le entregaron información deteriorada, dañada, imposible de analizar, casi que imposible de oír”, sostuvo Gonzalo Guillén

Aunque Guillén también dice que él y los demás periodistas que destaparon el escándalo tienen los audios originales, todavía se desconoce qué fue lo que la Fiscalía obtuvo de la sala de interceptación, por lo que señala que habría que comparar lo que se envió con lo que tienen.

A las amenazas de muerte que los periodistas denunciaron en días pasados, ahora suman presuntos seguimientos por supuesta orden de la Presidencia: “A nosotros nos están persiguiendo, nos están haciendo unas investigaciones delincuenciales y criminales en la Presidencia de la República, que no tiene esa función y no tiene que estar averiguando qué es lo que yo hago, ni mis fuentes”, acusó Guillén.

El periodista Julián Martínez acusó al fiscal Barbosa de entorpecer la investigación, mientras que el abogado Miguel Ángel del Río también dijo a ese medio que funcionarios de la Policía Judicial que hicieron los hallazgos habrían denunciado hostigamientos de parte del ente acusador.