Por tráfico de influencias y cohecho propio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria y abrió investigación contra la exsenadora Sandra Villadiego y el exrepresentante a la cámara Raymundo Méndez porque, al parecer, influyeron indebidamente ante una entidad estatal en la financiación de un contrato en el municipio Galeras, Sucre.

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El expediente que reposa en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda consigna que los políticos influyeron ante el Gobierno Nacional, con el fin de que se destinaran recursos para la financiación de proyectos civiles en el municipio. De acuerdo con la Corte, habrían hecho toda esta gestión, a cambio de recibir dineros ilícitos que concertaron previamente con el mandatario local.

En febrero de este año, Blu Radio reportó que ambos políticos habrían recibido el 15 % del monto de un contrato que tenía como objeto la pavimentación de las vías del municipio. Lo que expusieron es que la Fiscalía en medio de una diligencia contra el exalcalde del municipio sacó a la luz que los excongresistas eran los que gestionaban los recursos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

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En las pruebas que revelaron en ese entonces quedaron consignadas las visitas que los políticos, supuestamente, hacían al Departamento de la Prosperidad, así como también interceptaciones que le hicieron al entonces mandatario local en el que se escuchaba el nombre de los políticos que hoy están llamados ante los estrados.

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De Sandra Villadiego se sabe que es administradora en servicios de salud colombiana. En el 2014 fue elegida senadora con 56.959 votos y en las elecciones de 2010 se posicionó como representante a la cámara con 35.723 votos. Esperaba llegar nuevamente a ocupar una curul en el Congreso por el Pacto Histórico, pero no lo logró.

Fue esposa del también excongresista Miguel Ángel Rangel, condenado por sus nexos con el paramilitarismo. De Méndez se conoce que fue miembro del Congreso en 2014 y 2018 por el Partido de La U. Alcanzó la curul con 50.984 votos.