Toda persona que esté investigada o condenada por un delito en Colombia, y que esté en un centro de reclusión, vive en un estado de cosas inconstitucional, es decir, bajo una grave y masiva violación de los derechos que son amparados en la Constitución. Así lo ha declarado la Corte Constitucional en cuatro oportunidades desde 1998. Con el problema trasladado a los centros de reclusión transitoria, como URI y estaciones de Policía, la Corte busca conocer si las autoridades penitenciarias han hecho algún esfuerzo para superar la crisis nacional.
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La Corte Constitucional citó a una sesión técnica a la rama ejecutiva, al Congreso, a representantes de la rama judicial, a los órganos de control y a la sociedad civil, para el próximo 21 de noviembre, a las 8:00 a.m. El objetivo es detectar bloqueos u omisiones administrativas, que impiden que Colombia supere el estado de cosas inconstitucional (ECI) con respecto a las cárceles y, como se determinó a mediados de año, centros de reclusión transitoria.
“La sesión técnica se desarrollará en tres ejes temáticos. Los avances en la superación del ECI penitenciario y carcelario; el avance en el cumplimiento de las órdenes cuarta y quinta de la Sentencia SU-122 de 2022 (sacar a los condenados de los centros transitorios); y las alternativas para el seguimiento conjunto de las tres sentencias de la Corte Constitucional en las que se declaró, reiteró y extendió el ECI”, explicó la alta corte.
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A la sesión deberán asistir el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec (que administra los recursos del sistema penitenciario). Asimismo, están citados la dirección nacional de la Policía, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura.
La situación del sistema carcelario es pésima desde hace más de dos décadas. Ningún gobierno pudo reducir el hacinamiento, que a corte de noviembre de este año supera el 20 %. En las cárceles de Antioquia, por ejemplo, permanecen 11.709 presos en un espacio con capacidad para 7.791. Las tutelas anualmente se cuentan por miles, por situaciones de salud, alimentación, seguridad y acompañamiento psicosocial.
En la última declaratoria de ECI sobre centros de reclusión transitoria, la Corte constató que el hacinamiento de las cárceles está tan desbordado, que las personas capturadas no pueden ser trasladadas, ni ingresar formalmente al sistema penitenciario. De tal manera que quedan custodiadas en espacios que no son aptos para garantizar una reclusión digna. ¿Las razones? Existen vacíos normativos en la distribución de competencias entre autoridades territoriales, altos índices de criminalidad y una aplicación abusiva de la detención preventiva, entre otras.
Aunque el alto tribunal ya había sentado un precedente en 1998, y posteriormente durante 2013 y 2015, nuevamente la Corte ordena una serie de directrices que debe cumplir entidades locales y nacionales con el fin de evitar una flagrante vulneración de derechos a las personas privadas de la libertad. Así las cosas, una de las órdenes está dirigida al Inpec y es que todas las personas condenadas que están en detenciones transitorias deben ser enviadas a establecimientos penitenciarios para que cumplan su condena.
Sin embargo, los cupos no dan abasto y el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro omitió entregar un peso del presupuesto nacional para la construcción de nuevas cárceles. La Uspec, por su parte, tiene aprobado un reciente documento Conpes para agregar cupos en Cauca, Putumayo, San Andrés y Meta. El Ministerio de Justicia adelanta un proyecto para deshacinar las cárceles, a través de la eliminación de delitos y otros ajustes al Código Penal, que permitan implementar la justicia restaurativa.
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