Siete meses después de que Juan Larinson Castro, alias Matamba, se fugó de la cárcel la Picota de Bogotá, la Procuraduría profirió pliego de cargos en contra del entonces director del penal Juan Javier Papa Gordillo, así como contra seis guardianes de ese centro penitenciario, por presuntamente haber facilitado la fuga de quien era señalado de liderar la organización narcoparamilitar Cordillera Sur, una franquicia del Clan del Golfo en el sur del país.
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Los afectados con la decisión del ente de control, además del exdirector, son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez, el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda, y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza. Lo que dice el ente de control es que el entonces director, al parecer, no adoptó las medidas necesarias para evitar la fuga de Castro Estupiñán.
Lo que reprocha el ente que dirige Margarita Cabello es que, a pesar de que existía una información desde la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, sobre un posible plan de fuga de alias Matamba, y de existir una orden de extremar la seguridad del penal para prevenir el hecho, en el penal no se tomaron las medidas suficientes.
“De haberse adoptado a tiempo las medidas de seguridad que se requerían ante la información de los organismos de inteligencia del Estado, se hubiera eventualmente evitado la fuga del PPL Castro Estupiñán”, precisó en el pliego de cargos el Ministerio Público.
Sobre la función que cumplieron los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda en la fuga, la Procuraduría dijo que habrían concedido y ofrecido, respectivamente, unos permisos para ausentarse del penal a Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza, quienes tenían asignados turnos de guardia el día en que ocurrió la fuga.
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Lo que reposa en la investigación disciplinaria es que ese permiso fue concedido a los dos guardianes por haber votado en las elecciones del 13 de marzo de 2022, pese a que estos advirtieron que no habían ejercido el derecho al voto. Además, al parecer, propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal, situación que, a juicio de la Procuraduría, habría facilitado que Castro Estupiñán se evadiera del centro carcelario.
Sobre el guardián Julián Andrés López Espinosa, quien prestó el servicio de guardia el día y hora de los hechos, la Procuraduría dice que, al parecer, le suministró a Matamba un uniforme de uso exclusivo de los integrantes del cuerpo de custodia, así como fue quien abrió la celda y las rejas del patio y de la Unidad de Medidas Especiales, por donde pasó el líder de la Cordillera sin despertar sospecha.
En el caso de Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, quien no se presentó a su turno de vigilancia por una supuesta indigestión, el ente de control investiga que, presuntamente, pudo ser la persona que sacó a alias Matamba del centro de reclusión en un vehículo hacia un destino que aún se desconoce.
Por esos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra los siete miembros del penal por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas tienen una sanción de destitución e inhabilidad que va de diez a veinte años.
En el caso del director Papa Gordillo, la Procuraduría calificó su presunta conducta como una falta grave. Mientras que los guardianes Julián Segundo Pérez Jiménez, Milton Libardo Jiménez Arboleda, Julián Andrés López Espinosa y Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal habrían incurrido en una falta gravísima cometida a título de dolo, y Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza en una falta gravísima a título de culpa grave.
En el pliego de cargos, el órgano de control advirtió una serie de fallas o deficiencias de seguridad en el complejo carcelario, como el funcionamiento de las cámaras dispuestas en el penal que no es el óptimo, el número de guardianes disponibles para realizar los servicios de custodia y vigilancia en cada uno de los turnos es insuficiente, no existen mecanismos de seguridad y control que permitan la identificación de las personas y automotores que ingresan y salen del establecimiento, entre otras falencias.
Las investigaciones tanto disciplinarias como penales se adelantaron desde el primer momento en que se conoció de la fuga de alias Matamba, de quien un mes después se supo que perdió la vida en medio de una operación militar. Del líder de la Cordillera se sabe que reclutó a oficiales y suboficiales del Ejército para consolidar una poderosa empresa criminal en Nariño.
La organización armada, por ejemplo, conocía de antemano los operativos que la Fuerza Pública realizaría en la zona, pedía trasladar a oficiales que se interponían con sus intereses y hasta les pagaba nómina a uniformados a los que les exigía atacar con operativos a su contrincante en el negocio del narcotráfico.
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