En su columna en la revista Semana, Hernández-Mora cuestiona que, en Tolima, Santander y Neiva, según ella, se hayan firmado contratos por $1.020 millones, $246 millones y $745 millones para campañas de comunicación, respectivamente.
Además de dudar de la pertinencia de dichas inversiones, la periodista se queja por la supuesta falta de coordinación para la ejecución en un contrato para alimentos y productos de aseo por $5.500 millones, en Tolima.
Así mismo, manifiesta su preocupación por la “no claridad” en el contrato por $743 millones para un ‘call center’ en Santander y el posible malgasto en 2 proyectos por $700 millones “para reactivar la economía neivana después de la cuarentena”.
Por ello, la columnista le hace un llamado a los veedores ciudadanos a “escudriñar todos “los contratos de prestación de servicios de urgencia manifiesta” que se entregan a dedo en tiempo récord y, por tanto, con alto riesgo de caer en el baúl de los inservibles”.
Hernández-Mora manifiesta su molestia por lo que ella considera “insensatez en el gasto” de los recursos públicos, pues dice que en los citados contratos no se está teniendo en cuenta que “el personal hospitalario se queja de impagos de salarios, de falta de elementos de calidad para protegerse frente a la COVID-19, de escasez de respiradores y de camas aisladas en las pocas ucis disponibles, entre muchas carencias”.
Y es que desde hace varios días, personal médico y representantes del sector se vienen quejando no solo por el déficit de dotación para prestar su servicio y para protegerse en el ejercicio de su profesión en medio de la emergencia que vive el país por la propagación del coronavirus, sino también por la discriminación que han vivido a raíz de ello.
Incluso, asociaciones médicas y fundaciones han iniciado campañas por su cuenta para conseguir la mencionada dotación, dijo Noticias RCN, medio que recogió las voces de diferentes médicos que se quejaron por la falta de garantías para atender a los pacientes en el país y hasta denunciaron el desvío de pagos por su labor.
La Federación Médica Colombiana justamente envió, esta semana, una carta a los ministerios de Salud y Trabajo, y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la cual denunció explotación y maltrato a médicos en hospitales públicos e IPS privadas de la capital.
En la misiva, los galenos enumeraron casos puntuales que evidenciarían la presión y pésimas condiciones bajo las cuales están trabajando varios de ellos, por lo menos en Bogotá. Por ello pidieron no solo soluciones, sino que además expresaron su preocupación por “cómo los médicos están en un estado de vulnerabilidad importante en su integridad personal y sin protección económica frente al riesgo de contagio”.
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